Desde abril pasado han asesinado cada seis días a un excombatiente de la antigua guerrilla de las Farc o a uno de sus familiares.
Esa sería la cifra si se promedian las estadísticas del estudio 'Trochas de Paz y Esperanza', que se hizo con base en datos del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos del Movimiento Político y Social de Marcha Patriótica.
Pero la realidad es que —según el informe— hubo días en los que mataron a tres, cuatro y hasta seis integrantes de Farc como ocurrió en zona rural de El Charco, Nariño, a mediados de octubre pasado.
El documento da cuenta de 12 homicidios de integrantes de la ahora Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común y 11 familiares de integrantes de ese partido, en un periodo que va entre el 16 de abril hasta el 17 de agosto de 2017.
El consolidado habla de 23 decesos en diez departamentos, la mayoría ubicados en el Pacífico colombiano (Chocó, Nariño y Cauca). Pero también están Antioquia, que encabeza la lista de peligrosidad con cinco casos; Caquetá, con cuatro; Putumayo, con dos; y Valle del Cauca, Arauca y Norte de Santander, cada uno, con un caso.
Así mismo, cuenta el informe —que fue presentado la semana pasada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para alertar de la situación— que los presuntos responsables son en su mayoría, desconocidos, luego le siguen paramilitares y hasta el ELN.
Sin embargo, el mes más violento fue octubre, donde mataron a diez integrantes de esa organización, seis de ellos, el mismo día y cerca del Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación Aldemar Galán en la vereda San José de Tapaje, en El Charco.
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Estas cifras no hacen parte del consolidado, pero son reseñadas por varios medios de comunicación.
Incluso, este último caso hizo que, a través de un comunicado, las Farc “alzaran su voz dolorida de indignación”.
¿Sistematicidad?
Durante la presentación del listado de candidatos que tendrá la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común para Presidencia y Congreso de la República, Imelda Daza —quien aspira a la Vicepresidencia— dijo: “Yo soy sobreviviente al genocidio contra la Unión Patriótica, no quiero pensar que esa terrible historia se repita”.
Esto en alusión a los asesinatos de líderes e integrantes del partido. Y aunque desde Farc aducen una sistematicidad, el Gobierno ha dicho que la situación no puede ser declarada como tal.
“En una democracia y en un Estado de Derecho esa respuesta la tiene que dar la justicia. No un actor social o político o institucional. La única entidad que está capacitada, que tiene la preparación, la experticia para practicar pruebas, controvertirlas y finalmente dar la verdad institucional de lo que está ocurriendo es la Fiscalía General de la Nación y el sistema judicial”, dijo Rodrigo Rivera, alto Comisionado para la Paz.
Sin embargo, Víctor DeCurrea Lugo, docente de la Universidad Nacional y experto en conflicto armado, explica que la sistematicidad no se define por el número de muertos sino por las variables que coinciden en cada caso.
“Pueden ser mil muertos, pero si no se define un factor común, no se puede hablar de sistematicidad. O puede que sean solo cinco, pero si hay una relación en que son integrantes de Farc, son familiares de ellos, fueron asesinados con unos patrones similares, los presuntos responsables son grupos armados, que las víctimas habían recibido amenazas previas, hace pensar que sí hay sistematicidad”, precisa DeCurrea.
Agrega que negar las agendas políticas detrás de las muertes, queriéndolas mostrar como crímenes por motivos personales o pasionales es una “perversión” porque el Gobierno “pide que se demuestre que lo político fue la causa, pero afirma sin investigación alguna que el motivo fue personal”.
Patrick Colgan, exdirector del Programa de la Unión Europea para la Paz y la Reconciliación en Irlanda del Norte, dice que “desafortunadamente” esas muertes son parte del proceso de implementación de la paz.
“Para nosotros (en Irlanda) duró casi siete años, poco a poco fue siendo cada vez menos. En Colombia hasta ahora ha habido menos de lo que ha ocurrido en otros países, obviamente, es mucho para lo que uno quisiera desear. ¿Hasta cuándo puede durar? Es difícil decirlo, pero es la parte trágica del posacuerdo”, agrega.
Pero DeCurrea sostiene que esas afirmación son “perversas”: “Los expertos, académicos y funcionarios no pueden decir semejante canallada. Un solo muerto tiene que preocuparle al país. ¿A partir de cuántos muertos nos preocupamos? De 20 de 50. ¡eso es ridículo! Cuando empezaron a matar a los de la Unión Patriótica decían lo mismo y terminaron exterminando casi 5000 personas. La muerte de un colombiano y la responsabilidad ética, jurídica y política de una sociedad no se mide como en bultos de arroz”.
Entre tanto, el exfiscal caleño Élmer Montaña precisa que el término 'sistematicidad' no es una categoría jurídica, sino de carácter criminológico. “Pero se entiende que hay sistematicidad cuando hay un patrón en las muertes como víctimas de la misma tendencia ideológica, política, etnia, raza respecto a la víctima. Que se trata de un mismo modus operandi”.
“Que la Fiscalía General no haya declarado la sistematicidad en estos casos, no implica que no exista, porque la Fiscalía —si bien es cierto que es la titular de la acción penal— no tiene la facultad de darle esa categoría que depende de unas circunstancias específicas. Tampoco implica que el Gobierno no pueda señalar que detrás de lo que está ocurriendo no haya crímenes sistemáticos”, puntualizó Montaña.