El canciller, Álvaro Leyva, se reunirá esta semana con el agente de Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia, Carlos Argüello, para abordar el tratamiento que se le dará a los fallos de ese tribunal respecto a las aguas en disputa entre las dos naciones.
El propósito del encuentro, que se llevará a cabo en París y cuya fecha no fue precisada por el Ministerio de Exteriores, es “iniciar un trabajo armonioso relacionado con fallos de la Corte Internacional de Justicia y avanzar en los mecanismos necesarios para dar cumplimiento a los mismos”.
La cita en la capital francesa entre Leyva y Argüello es el resultado de una llamada telefónica que tuvieron previamente. ”Acordaron encontrarse en París, donde el Ministro de Relaciones Exteriores Leyva Durán asistirá al Foro para la Paz y a la Conferencia General de Unesco”, detalló la Cancillería.
El pasado 13 de julio, el Tribunal de La Haya negó las pretensiones de Managua que pretendía extender su plataforma continental mar adentro hasta 200 millas náuticas. La disputa marítima entre Colombia y Nicaragua se remonta a 2012, cuando ese mismo Tribunal le concedió a Managua 75 mil kilómetros en aguas en el Caribe, pero le permitió a Bogotá mantener la unidad sobre el archipiélago de San Andrés.
Con 13 votos a favor y 4 en contra, la Corte coincidió en que el área del Mar Caribe que reclamaba Managua no puede primar sobre los derechos de la zona económica y la plataforma continental de los colombianos.
¿Qué implica para Colombia la decisión?
“La ventaja es que se rechazan las pretensiones que ha tenido Nicaragua sobre el Caribe Occidental desde 1969. Además, es la demostración de que la política exterior de un Estado debe ser eso y no una política de los gobiernos que estén en el poder”, observa el Julio Londoño, decano de Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario.
Asimismo, expertos señalan que el fallo garantiza que, tanto el territorio insular, es decir, las islas y los cayos que se encuentran en esas 200 millas, como el área continental, tenga que ser respetados por Managua y, por ende, Colombia es protegida por el derecho internacional y por la Corte Internacional de Justicia.
En ese sentido, “nos quitamos un problema, porque si la corte le hubiera dado la razón a Nicaragua, se habría abierto un nuevo proceso con audiencias para determinar cómo hubiese sido la plataforma extendida. Eso significaría un obstáculo mayor por la bioreserva Seaflower”, agrega el analista internacionalista Mauricio Jaramillo.
¿Ahora qué sigue?
Aunque el fallo a favor de la Nación es claro en que, en el pleito con Managua, la CIJ consideró insubsistentes sus determinaciones para que se le reconociera el área marina y que “no puede extenderse la plataforma continental que se sobreponga sobre otro Estado”, según señaló la magistrada Joan Donogue, aún hay algunas determinaciones por ejecutar.
“Todavía está pendiente el cumplimiento de ciertas disposiciones de las decisiones del 2012 y del 2022. La Corte en la sentencia del año pasado invita a una negociación entre Nicaragua y Colombia sobre el uso de los derechos de pesca, y ese es un asunto que tienen que negociar los dos estados”, indica Juliana Bustamante, docente de la facultad de Derecho en la Universidad de los Andes.
También, aclara que, pese a que el gobierno de Ortega asegura que el proceso no ha terminado, “no hay posibilidad de que haya nuevas demandas sobre el territorio o las aguas colombianas que, como ya reconoció la CIJ, no pueden ser vueltas a poner en controversia, porque Colombia ya no es parte del Pacto de Bogotá y, por lo tanto, la corte no tiene jurisdicción para estos casos”.
*Con información de Colprensa.