La Cámara Colombiana de Infraestructura se pronunció en la noche de este martes, 10 de diciembre, después de que se conociera que un tribunal de arbitramento internacional eximiera de responsabilidad al consorcio CCCI de Hidroituango por el taponamiento del túnel de desviación que ocasionó la contingencia del 2018.
“Para el gremio y para la ingeniería en el país se ha sentado un precedente histórico, fueron desestimadas en su integridad por falta de fundamento las falsas acusaciones que hizo la pasada administración en contra de reconocidas empresas de nuestro país, con años de trayectoria en el ejercicio de la ingeniería, firmas que siempre se han caracterizado por su rigurosidad técnica en el ejercicio de la profesión”, aseguró la seccional Antioquia de la Cámara Colombiana de la Infraestructura.
La Cámara de la Infraestructura añadió: “Decisiones de malas administraciones como la del señor Daniel Quintero que, por el afán mediático, su irresponsabilidad y la de sus colaboradores más cercanos, terminan hoy llevando a que EPM deba pagar una enorme cantidad de dinero en compensación, dinero de todos los antioqueños que aumentará aún más por el enorme derroche de la pasada administración”.
Hay que recordar que esta decisión del tribunal, que fue notificada este lunes y que quedará en firme una vez se resuelvan las claridades que pidan las partes, resuelve parte del pleito que detonó el gobierno de Daniel Quintero quien dijo todo el tiempo que los contratistas eran culpables porque había, supuestamente, cambiado los diseños y usado materiales de baja calidad.
Este proceso se remonta a enero de 2021, cuando el Consorcio CCCI activó una cláusula en la que se acordaba que, cualquier diferencia con EPM en el marco de la emergencia ocurrida en 2018, se resolvería a través de un arbitraje. En este mecanismo de resolución de conflictos, las partes en disputa deciden que en lugar de ir a un juez o a un tribunal estatal, se someterán a un grupo de árbitros.
Aunque desde 2019 la aseguradora Mapfre empezó a pagar el seguro todo riesgo por la contingencia, en 2021 el exalcalde Daniel Quintero instauró una demanda por $ 9,9 billones en contra de los contratistas, porque, según decía la gerencia de EPM de ese entonces, estos eran culpables de la emergencia.
Justo para comienzos de 2021 había fracasado la conciliación entre EPM y el Consorcio CCC Ituango, en la que el gobierno de Quintero pretendía llegar a un acuerdo sobre las pretensiones por valor de $ 9,9 billones, por los “perjuicios ocasionados tras el colapso de la Galería Auxiliar de Desviación”.
Tras conocer el fallo, la constructora Conconcreto, integrante del Consorcio, publicó ayer un comunicado en el que resaltó “el rigor técnico y jurídico con el que se llevó a cabo este proceso, que contó con la participación de reconocidos expertos en el ámbito de la ingeniería. Esta decisión reafirma la actuación íntegra del Consorcio CCC Ituango que, a lo largo de los años de ejecución de la obra, aportó toda su experiencia técnica”.
Además de Conconcreto, este consorcio estaba conformado por las empresas Camargo Correa y Coninsa.