La Fiscalía compulsó copias a la Corte Suprema para que se investiguen nueve aforados del congreso por estar relacionado con el escándalo del multimillonario desfalco de los carrotanques de La Guajira.

La Corte Suprema de Justicia es la encargada de investigar y juzgar a los aforados como senadores y representantes.

Los congresistas que serán investigados son:

  • Iván Name.
  • Wadith Manzur.
  • Liliana Esther Bitar Castilla.
  • Karen Astrith Manrique Olarte.
Sneyder Pinilla, Iván Name y Andrés Calle se ven salpicados por este millonario desfalco. | Foto: SEMANA
  • Julio Elías Chagüi Flórez.
  • Julián Peinado Ramírez.
  • Juan Pablo Gallo Maya.
  • Juan Diego Muñoz Cabrera.
  • Andrés Calle.

“La Fiscalía a cargo del caso dispuso la compulsa de copias a la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia para que, en el marco de sus competencias, indague la posible participación de nueve congresistas en los hechos de corrupción identificados. Esto, en atención a las menciones, evidencia y elementos de prueba hallados”, se lee en la misiva.

Además, se especifica que los aforados serán investigados por los delitos de concierto para delinquir agravado y peculado por apropiación, entre otros.

“En las audiencias que fije el Centro de Servicios Judiciales del Complejo Judicial de Paloquemao de Bogotá, estas personas serán vinculadas, de acuerdo con sus particulares conductas, por los delitos de concierto para delinquir agravado, peculado por apropiación agravado, interés indebido en la celebración de contratos, falsedad ideológica en documento público y falsedad en documento privado”, explicó la Fiscalía.

Esta solicitud del ente acusador se dio en simultáneo al anuncio de imputación de cargos contra del exdirector de esa Unidad, Olmedo López; el exsubdirector, Sneyder Pinilla, y el contratista Luis Eduardo López Rosero.

La Fiscalía Novena Delegada en la Corte Suprema de Justicia ha llevado a cabo una investigación que indica que estas tres personas serían responsables de diversas acciones ilegales detectadas en varios procesos contractuales de la UNGRD.

Olmedo López propuso acogerse a un principio de oportunidad para cooperar con la Fiscalía. | Foto: Semana