La Procuraduría General solicitó al Gobierno Nacional y a las autoridades de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, estructurar un plan para evitar el escalamiento de los casos de covid-19, mientras se avanza con las acciones para atender a los damnificados que dejó el huracán Iota en el archipiélago.
El ente pidió que se garantice el suministro de medicamentos, insumos y dispositivos médicos, ahora escasos, así como la presencia permanente de especialistas de la salud que atiendan la emergencia sanitaria actual.
En Providencia fueron diagnosticados 35 nuevos positivos para covid-19, detalla el comunicado dirigido al ministro de Salud, Fernando Ruiz. Y agrega que están pendientes los resultados de pruebas practicadas entre el 20 y 22 de noviembre, a algunos damnificados del huracán, quienes permanecen en tiendas de campaña instaladas provisionales, o que fueron trasladados a la isla de San Andrés.
"Esta situación obliga a que el Gobierno Nacional, en coordinación con las autoridades locales y EAPB, garantice la activación de la estrategia PRASS, active en forma inmediata los protocolos de tamizaje masivo y cerco epidemiológico a efectos de impedir el escalamiento de la pandemia", se lee en el documento.
Advierte el Ministerio Público que la propagación del coronavirus "podría estar altamente favorecida por las condiciones de cercanía o hacinamiento provenidos de la permanencia de la población en refugios temporales, disponiendo la existencia y garantizando el suministro de tapabocas a toda la población del Archipiélago".
El ente de control informó que hay reporte de escasez de medicamentos, insumos, dispositivos médicos como alcohol antiséptico, esparadrapo, micropore, algodón, cabestrillos, férulas, equipos, tirillas y lancetas para glucometría; metformina, losartán + hidroclorotiazida; losartán, enalapril, linagliptina, entre otros.
Y los efectos directos de lo anterior, deberán ser evaluados y resueltos "en forma urgente, dadas las graves consecuencias de su carencia, sobre la morbimortalidad por enfermedades generales"
Solicitaron también la implementación de las medidas de control de la pandemia, la atención médica local o el traslado al interior del país de los pacientes que lo requieran, la existencia y el suministro de medicamentos, equipos biomédicos e insumos esenciales, el apoyo con personal médico y paramédico y su traslado seguro entre las islas.
Esta acción preventiva de vigilancia y seguimiento, iniciada meses atrás, busca garantizar de los derechos fundamentales a la salud y a la vida de los ciudadanos del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, ante las deficiencias por parte de la administración departamental en la gestión de la infraestructura pública médico asistencial, que está en manos de la empresa particular IPS Sermedic.
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