La comisionada Alejandra Miller lideró el capítulo ‘Mi cuerpo es la verdad’ del Informe Final de la Comisión de la Verdad. En este, se busca abordar la violencia de género y a personas Lgbtiq+ durante el conflicto armado.

El capítulo se abordó desde dos orillas. La primera tiene que ver sobre la violencia en contra de las mujeres y el papel que juegan en la construcción de la paz. La otra orilla es sobre la violencia contra la población Lgbtiq+.

“Es el resultado de la insistencia y persistencia de las organizaciones de mujeres víctimas y feministas, que al unísono proclamaron: ‘Sin la voz de las mujeres la verdad no está completa’”, dice el relato.

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Para llevar a cabo la entrega del capítulo, se recopilaron 10.864 testimonios de mujeres. De estas, más del 80 % estaban en zonas rurales de Colombia. En cuanto a víctimas femeninas por el conflicto, se notificaron más de cuatro millones.

Entre la recopilación de testimonios, 1150 fueron por violencia sexual y el periodo más álgido fue entre 1999 y 2016. Según determinó la Comisión, si los guerrilleros controlaban la vida de las mujeres, les era más fácil dominar una comunidad y así garantizar el accionar de los grupos armados.

Los más invasivos en el control de territorios fueron los paramilitares, además de usar la violencia sexual como estrategia de guerra. Esto se dio sobre todo en el norte de Colombia y también en Putumayo. Del otro lado estaban las guerrillas, quienes daban órdenes autoritarias.

Las mujeres negras, por los estereotipos y racismo, durante el conflicto se intensificó la violencia en su contra. “Los hombres involucrados en la guerra reafirman una masculinidad centrada en el poder de la fuerza y en el uso de la violencia. En la guerra se expresa bien este patrón, en una escala máxima, por la destrucción y la violencia que implica”, se lee en el informe.

Tanto la confrontación armada como el narcotráfico, según la Comisión, aumentaron el riesgo de dañar a las mujeres. Esto, muchas veces, era “una estrategia contra el enemigo, pues debilitaba las relaciones comunitarias y ayudaba a disciplinar moralmente al territorio”.

Por lo cual, ellas eran consideradas como “enemigas” por su actividad política, liderazgo social o el cuidado por el medio ambiente. El hecho de que vivieran el conflicto les “implicaba dejarlo todo; desplazarse para evitar el reclutamiento de sus hijos e hijas, tener que salir corriendo, no lograrlo y ser víctima de violencia sexual; escuchar a los vecinos decir que se lo merecían por lo corto de su falda; acudir a la justicia y no hallar respuesta o recibir un trato prejuicioso”.

Por todo lo anterior, las acciones de otros condujeron al silencio de las mujeres víctimas. Incluso, cuando fueron entrevistadas por la Comisión, ellas hablaban del sufrimiento de otros, “de lo que dejaron: la tierra, las plantas, los animales”.

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En cuanto a víctimas de la población Lgbtiq+, se entrevistaron a 357 personas. Desde la Comisión resaltaron que no se había abordado un apartado completo para esta población y que, además, hay un patrón de persecución sistemática en contra de ellos.

Lo que concluyó este capítulo es que la sociedad fue cómplice para ocultar o esconder los diferentes tipos de violencia. Además, los grupos armados se confabulaban con la sociedad y les decían que iban a hacer una “limpieza” de las personas “desviadas”.

El 63 % de las víctimas eran hombres gay. La violencia en contra de estas comunidades era, según la Comisión, para que “aprendieran” a ser hombres o mujeres.