Una grave situación afrontan ciudadanos colombianos en la frontera con el estado venezolano de Amazonas, quienes están en serio peligro de ser deportados por el gobierno del vecino país.
Así lo reveló la Defensoría del Pueblo, quien aseguró que la cifra podría estar cercana a siete mil connacionales quienes están trabajando en minas de extracción aurífera en el Parque Nacional Cerro Yapacana.
“Hacemos un llamado al Gobierno nacional y a las autoridades departamentales en Vichada y Guainía para que formulen y activen planes de contingencia debido a una posible deportación o eventual retorno de aproximadamente 7.000 colombianos desde Venezuela”, aseguró el defensor del Pueblo, Carlos Camargo.
Según la entidad del Ministerio Público, las labores mineras exponen a los colombianos a la vulneración de los derechos fundamentales como la integridad, la libertad, la seguridad y la misma vida.
Comunidades indígenas, población en condición de vulnerabilidad socioeconómica, mujeres, niñas, niños y adolescentes están en riesgo, de acuerdo con la Defensoría del Pueblo.
“Desde la Defensoría del Pueblo emitimos la Alerta Temprana 003 del 2023, en la que advertimos no solo los peligros para la población civil por posibles confrontaciones armadas en las áreas de explotación minera en el estado Amazonas, sino también lo que podría ocasionar una expulsión masiva de colombianos que dependen de esta actividad en la zona sur de la Orinoquía venezolana”, dijo Camargo.
Las afirmaciones del funcionario obedecen a razones geográficas, pues las minas de Yapacana están relativamente cerca de Inírida, capital del departamento de Guainía, a tres horas vía fluvial y son atractivas para las comunidades de toda la región, pues en esa actividad encuentran un modo de sustento, pese a la presencia de grupos armados al margen de la ley que imponen sus reglas para la extracción y comercialización de los minerales.
Así las cosas, en caso de darse una deportación masiva, pasaría a convertirse en el mayor éxodo masivo de las últimas décadas, teniendo como sitios de recepción lógicamente los departamentos más cercanos, de Vichada y Guainía.
Más puntualmente estos sitios serían el resguardo El Paujil, la ciudad de Inírida, sus áreas no municipalizadas como Cacahual, Puerto Colombia y San Felipe, pese a que la Defensoría ha advertido que no cuentan con la suficiente infraestructura para atender a esta cantidad de personas que llegarían.
¿Qué están haciendo las autoridades venezolanas?
La alerta emitida por la Defensoría responde principalmente a los operativos militares iniciados a finales del 2022 por tropas del país vecino que ya habrían desencadenado en capturas de ciudadanos colombianos.
Según las autoridades venezolanas, algunos de los puntos de extracción, al ser una actividad ilegal que amenaza los territorios y afecta el medioambiente, estarían en proceso de cierre o regulación lo que impediría el acceso de todas las personas que actualmente lo hacen.
“Instamos a la Cancillería colombiana a que apele a los mecanismos que sean necesarios para que les sea garantizado el debido proceso y el derecho a la defensa a nuestros connacionales que puedan ser detenidos en el desarrollo de los operativos en Yapacana”, insistió el defensor Camargo.
Además de establecer mecanismos de cooperación que aborden posibles vulneraciones a los derechos de población en movilidad humana en esta frontera, el funcionario también hizo un llamado para que se den apertura a los consulados en San Fernando de Atapabo y Puerto Ayacucho, como también al consulado de Venezuela en el territorio colombiano de Inírida.
Así las cosas y en caso de que no se tomen las medidas necesarias, Colombia podría asumir uno de los mayores éxodos de los últimos tiempos, teniendo como recepción y sin capacidades a los departamentos del Vichada y Guainía.