Este viernes se confirmó la noticia que se estaba esperando desde hace algunos meses: el Gobierno del presidente Gustavo Petro pudo llegar a un acuerdo con los líderes del Ejército de Liberación Nacional, ELN, para establecer un cese al fuego bilateral en el país.
De acuerdo con lo pactado en la Mesa de Diálogos de Paz en La Habana, Cuba, habrá una primera parte de alistamiento que iniciará inmediatamente y se extenderá hasta el próximo 6 de julio. En esta se dará la orden de detener las ofensivas de ambos lados para que el 3 de agosto, día en el que inicia de manera oficial el cese, ya todo esté preparado y dispuesto de forma adecuada.
El cese tendrá, en principio, una duración de 180 días (6 meses), por lo que su finalización está proyectada para el mes de febrero del 2024. Adicionalmente, según informó la Presidencia de la República, “se creará el Comité Nacional de Participación que contará con la intervención de 30 sectores de la sociedad que aportarán a la transformación del país y el logro de la Paz”.
¿En qué zonas del país tendrá vigencia el acuerdo?
En semanas pasadas, el presidente Gustavo Petro había manifestado que se podrían acordar regiones específicas para el cese, como mecanismo para lograr un consenso entre ambas partes.
“Puede ser territorial. Escojámosla. No la impongo, discutámosla”, comentó el Mandatario en una visita a Nariño para el Encuentro de Organizaciones campesinas y Étnicas de Territorios con presencia de coca en el Pacífico, iniciando mayo.
Sin embargo, finalmente se llegó a la conclusión de que esta se podrá implementar a nivel nacional, en todo el territorio, por lo que no habrá definición de zonas específicas.
¿Cuál es la garantía de que no habrá hostilidades?
Cabe señalar que en el acuerdo firmado se establece que no habrá “incidentes graves”, sin aclarar a qué eventos se hace referencia con este término, como podrían ser secuestros, reclutamiento o ataques a la sociedad civil. Esto tendrá que ser detallado por Presidencia o los representantes del Gobierno y el ELN.
Lo que sí manifiesta el documento es que las partes no podrán realizar acciones ofensivas. “Dicha prohibición incluirá las actividades de inteligencia encaminadas a realizar acciones ofensivas entre las partes”, dice el texto.
Por su parte, se estableció un mecanismo de monitoreo y verificación con el cual se revisará que las partes sigan lo pactado al pie de la letra, en función de que el cese funcione de la mejor manera. Este mecanismo está integrado por el Gobierno Nacional, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la Iglesia Católica y la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
“El Mecanismo contará con una instancia nacional, articulada con el nivel regional y local para el manejo y administración de su mandato”, resalta el acuerdo firmado en Cuba.
¿Cómo operará el mecanismo?
Como se mencionó, el Mecanismo de Monitoreo y Verificación (MMV) tendrá tres instancias: nacional, regional y local.
La instancia nacional, por ejemplo, estará conformada por cuatro integrantes de la Misión de Verificación de Naciones Unidad, dos representantes del Gobierno Nacional (Fuerza Pública y Oficina del Alto Comisionado para la Paz), dos personas designadas por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y un representante de la Iglesia Católica.
Aquí se analizarán los hechos denunciados como posibles incidentes dentro del acuerdo de cese bilateral que tengan la suficiente trascendencia como para ser abordados por esta instancia.
A su vez, habrá ocho instancias regionales, cada una de las cuales estará integrada por tres designados por la Misión de Verificación de la ONU, dos representantes del Gobierno Nacional (Fuerza Pública y Oficina del Alto Comisionado para la Paz), dos personas determinadas por el ELN y un representante de la Iglesia Católica.
“Las sedes regionales estarán ubicadas en los siguientes ocho municipios: Valledupar, Bucaramanga, Popayán, Cali, Ibagué, Medellín, Quibdó, Arauca”, indica el acuerdo.
Por último, la instancia Local estará conformada en cada sede por tres delegados de la Misión de Verificación de la ONU, un integrante del Gobierno Nacional, representado por la Fuerza Pública, y un representante del Ejército de Liberación Nacional. Esta instancia también tendrá el acompañamiento de un representante de la Iglesia.
“Las sedes locales estarán ubicadas en las cabeceras de los siguientes municipios: Fonseca (La Guajira), Santa Rosa del Sur (Bolívar), Barrancabermeja (Santander), Cúcuta y Tibú (Norte de Santander), Guapi (Cauca), Tumaco (Nariño), Buenaventura y El Dovio (Valle del Cauca), San José del Palmar, Riosucio y Andagoya (Chocó), Neiva (Huila), Pereira (Risaralda), Caucasia, Anorí y Valdivia (Antioquia), Saravena, Tame y Arauquita (Arauca)”, añade el documento.
Asimismo, estas últimas sedes, las de carácter local, podrán ser reubicadas en función de lo que requiera el mecanismo con el objeto de desarrollar de manera eficiente el monitoreo.
Cabe señalar que el Mecanismo de Monitoreo y Verificación contará con recursos del Fondo de Programas Especiales para la Paz. Asimismo, se harán evaluaciones a la tregua cada dos meses para identificar aciertos y oportunidades de mejora, revisiones a las cuales no se podrá llevar armas por parte de ningún integrante del MMV.
Adicionalmente, la sociedad civil también podrá acompañar el cumplimiento del acuerdo por medio de su veeduría.
¿Qué pasa si alguien incumple?
Las instancias locales tendrán la obligación de generar las alertas a las instancias regionales en caso de que registren una posible ocurrencia de incidentes que puedan llegar a constituir incumplimientos. En la parte regional se emitirá concepto y recomendaciones, si su competencia lo permite.
Sin embargo, si el hecho denunciado es grave, se reportará de inmediato a la instancia nacional toda la información recolectada. Ya en la instancia nacional se analizarán las situaciones y se emitirán los conceptos pertinentes de acuerdo a lo sucedido.
”Este MMV analizará de manera imparcial los hechos que se presumen como incumplimientos a las reglas, compromisos y prohibiciones acordados entre el Gobierno Nacional y el Ejército de Liberación Nacional (ELN)”, se lee en el protocolo.
Asimismo, ambas partes (Gobierno Nacional y ELN) acordaron que siempre acudirán al Mecanismo ante cualquier incidente que se presente antes de realizar cualquier tipo de acción en terreno.