Con la aprobación de un presupuesto adicional por parte del Congreso, se buscará incrementar la participación social y extender el programa durante el receso académico. El Gobierno Nacional brindará apoyo financiero a las gobernaciones y alcaldías con una asignación de $ 250.000 millones para garantizar el Programa de Alimentación Escolar (PAE) hasta el final del calendario académico de este año.
Sin embargo, la gestión de estos recursos dependerá de las entidades territoriales de cada departamento.
Entre los cambios, se destaca la posibilidad de que las asociaciones de padres de familia o las Juntas de Acción Comunal ejecuten el programa de acuerdo con el decreto 846 de 2023. Esto permitirá iniciar la implementación del sistema en las zonas rurales más dispersas, aunque falta definir cuáles serán estas áreas.
Ante las alertas emitidas por varios entes de control sobre la suspensión del programa de alimentación escolar en distintas regiones del país, departamentos como Caquetá, Córdoba y Magdalena han dejado de ofrecer este servicio.
En lugares como La Guajira, Chocó y Cauca, se opera de manera parcial, con el riesgo de que su funcionamiento quede estancado a corto o mediano plazo. En total, son 296.148 estudiantes de colegios públicos en Colombia los que no están recibiendo esta atención.
Según el último informe de rendición de cuentas sobre el programa, la cobertura actual alcanza el 76 %, a pesar de que el Gobierno nacional ha destinado más de $ 271 mil millones a las entidades territoriales para atender a más de cinco millones de estudiantes en todo el país.
Nuevo escándalo en Cali por el PAE
La Personería Distrital de Santiago de Cali ha presentado cargos contra el secretario de Educación, José Darwin Lenis Mejía, y el subsecretario, Mario Hernán Colorado, por presuntas irregularidades en la contratación del Programa de Alimentación Escolar (PAE) para el año 2022.
Estos cargos se basan en un informe elaborado por la Dirección Operativa del Ministerio Público, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos de la entidad.
Según el informe, se han encontrado diversas inconsistencias relacionadas con la entrega de alimentos por parte del operador Consorcio Luz del Valle, que ha sido denunciado por rectores y coordinadores de algunas instituciones educativas oficiales que se beneficiaban del programa. Estos directivos afirman que la Secretaría no llevó a cabo controles para evitar la entrega de alimentos en mal estado a los niños.
Estas denuncias han puesto de manifiesto la presunta falta de control y seguimiento por parte de los funcionarios investigados en relación con el contrato No. 4143.0.10.26.1.670.2022, cuyo objetivo es proporcionar un complemento alimentario para mejorar el acceso, la permanencia, la reducción del ausentismo y el bienestar de los estudiantes en las instituciones educativas oficiales.
El Programa de Alimentación Escolar (PAE) es crucial para garantizar una adecuada nutrición de los estudiantes en situación de vulnerabilidad socioeconómica. Su principal objetivo es mejorar el rendimiento académico y asegurar el bienestar de los niños y jóvenes en edad escolar. Sin embargo, las denuncias recibidas indican que el operador no cumplió adecuadamente su responsabilidad de proporcionar alimentos en buen estado, de manera eficiente y oportuna.
Los cargos presentados por la Personería Distrital de Santiago de Cali se basan en la sospecha de que el Secretario de Educación y el Subsecretario no ejercieron el debido control y seguimiento del contrato mencionado, lo que permitió la comisión de las irregularidades denunciadas. Estas irregularidades podrían haber afectado gravemente el desarrollo del programa, poniendo en riesgo la salud y el bienestar de los estudiantes beneficiarios.
Es importante destacar que la formulación de cargos implica el inicio de un proceso administrativo disciplinario en el cual los funcionarios investigados tendrán la oportunidad de presentar su defensa y aportar pruebas que demuestren su inocencia. Este proceso garantiza el respeto al debido proceso y la posibilidad de esclarecer los hechos.
La Personería Distrital de Santiago de Cali reafirma su compromiso de llevar a cabo una investigación exhaustiva y transparente con el fin de determinar la responsabilidad de los funcionarios involucrados y, en caso de comprobarse su participación en las irregularidades denunciadas, imponer las sanciones correspondientes.