Colombia presentó ante la ONU una propuesta basada en dos ejes fundamentales: la exclusión de la hoja de coca de la lista de sustancias más dañinas y la generación de alternativas económicas para las comunidades afectadas por el narcotráfico. Este planteamiento busca replantear el enfoque de la lucha contra las drogas, priorizando el desarrollo social y económico en lugar de la represión.

En el marco de las sesiones de la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas, la ministra de Relaciones Exteriores, Laura Sarabia, hizo una controvertida solicitud con el fin, según ella, de hacerle frente al narcotráfico de manera más efectiva. Instó a la comunidad internacional a un debate inclusivo para reformar el actual régimen global de drogas, argumentando que el enfoque represivo ha sido ineficaz y ha exacerbado los problemas sociales y ambientales en Colombia y otras regiones productoras.

Laura Sarabia, hizo una controvertida solicitud con el fin, según ella, de hacerle frente al narcotráfico. | Foto: cancilleria

Sarabia enfatizó que, pese a los esfuerzos y los miles de millones invertidos, la estrategia vigente ha fracasado en reducir la producción, el tráfico y el consumo de drogas:

“La evidencia es contundente: el narcotráfico ha frenado el desarrollo de nuestro país, ha victimizado a millones de campesinos, ha financiado grupos terroristas y ha devastado ecosistemas esenciales como la Amazonía”

Declaró la canciller ante los delegados internacionales.

Sobre el primer punto, que ya genera reacciones encontradas, Sarabia argumentó que la hoja de coca no es en sí misma perjudicial y que su aprovechamiento industrial podría debilitar el control del narcotráfico:

“Solo podremos arrebatársela a los narcotraficantes si aprovechamos su potencial en usos industriales, como fertilizantes, bebidas y productos medicinales”

Afirmó, citando experiencias en países como Bolivia, donde la hoja de coca tiene un uso tradicional y regulado.

En cuanto a las comunidades golpeadas por el narcotráfico, la canciller subrayó la necesidad de proyectos productivos como el cultivo de cacao y café en regiones como el Catatumbo y el Cañón del Micay, que históricamente han dependido de la economía ilícita de la coca:

“No podemos permitir que las comunidades queden atrapadas en la violencia y el abandono. Debemos ofrecerles oportunidades reales de progreso”

Sostuvo.

Sarabia también hizo un llamado a la comunidad internacional para que el financiamiento destinado a la lucha antidrogas sea utilizado de manera más eficiente y en beneficio directo de las comunidades vulnerables:

“No podemos seguir invirtiendo en estrategias fallidas que solo generan más violencia y exclusión”

Aseveró.
Sarabia también hizo un llamado a la comunidad internacional para que el financiamiento destinado a la lucha antidrogas sea utilizado de manera más eficiente y en beneficio directo de las comunidades vulnerables. | Foto: GUILLERMO TORRES

Finalmente, la ministra reiteró la necesidad de un enfoque basado en la evidencia científica y el respeto a la vida, afirmando que reformar el régimen global de drogas no significa normalizar el narcotráfico, sino dotar a los gobiernos de herramientas más eficaces para enfrentarlo. “No podemos seguir repitiendo los errores del pasado. Para Colombia, reenfocar esta política es una cuestión de vida y paz”, concluyó.

La propuesta de Colombia ha generado un intenso debate internacional, con voces a favor y en contra. Mientras algunos expertos en políticas de drogas consideran que la iniciativa es innovadora y necesaria, sectores más conservadores insisten en que cualquier flexibilización podría incentivar la producción ilegal. La discusión está abierta, y el futuro de la hoja de coca en el escenario global sigue en juego.