El presidente de la República, Iván Duque, anunció este viernes la creación de una "comisión independiente" para que analice las órdenes, manuales y documentos de las Fuerzas Militares, con el fin de evaluar si los protocolos de estas se adaptan las normas internacionales en materia de derechos humanos.

La Comisión será integrada por Hernando Yepes, Maurico González y Alfonso Gómez Méndez.

Dicha comisión se creará, según el Presidente, debido al escándalo que se desató en relación al Ejército Nacional, debido a un artículo del New York Times publicado el pasado domingo.

En el informe, el diario estadounidense señaló, tras revisar órdenes escritas y entrevistar a altos oficiales, que al interior del Ejército se estaban ejerciendo presiones indebidas a los militares para reportar bajas y capturas.

Dichas "presiones" representarían un riesgo de reaparición de 'falsos positivos', crímenes cometidos por militares que presentaban a civiles como guerrilleros abatidos en combate para lograr premios y permisos de sus superiores.

Lea también: 'Ejecuciones extrajudiciales, un problema que vuelve a estar bajo la lupa tras denuncia del NYT'.

Por estos casos, la Fiscalía ha investigado hasta el momento cerca de 5.000 casos de "falsos positivos" que involucran a unos 1.500 militares y que fueron cometidos entre 1988 y 2014.

El artículo generó una intensa polémica que ha incluso trascendido al plano internacional.

Este miércoles, Human Rights Watch advirtió sobre posibles represalias a oficiales colombianos por haber proporcionado información al periodista Nicholas Casey, autor del artículo, y quien salió del país por motivos de seguridad, camino que también tomó el fotógrafo del NYT, el colombiano Federico Ríos.

En un mensaje de Twitter, José Miguel Vivanco, director ejecutivo de la organización, consideró que "sería muy grave que hubiera retaliaciones contra oficiales que se animaron a contar la verdad".

A continuación preguntó al ministro de Defensa de Colombia, Guillermo Botero: "¿Es cierto que en este momento están interrogando a 15 oficiales en la sede de la segunda división del Ejército para saber quién le dio la información al The New York Times?".

Por su parte, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó su preocupación por la campaña de estigmatización contra Casey que hizo la senadora María Fernanda Cabal, del partido Centro Democrático.

Cabal, reconocida por sus posiciones radicales de derecha, afirmó que el periodista estuvo en 2016 con las Farc en la selva y se preguntó "¿Cuánto le habrán pagado por este reportaje?" y por el que hizo, según ella, "contra el Ejército de Colombia".

Por esas afirmaciones, la presidenta de la SIP, María Elvira Domínguez, directora del diario El País, de Cali, afirmó que estos insultos de funcionarios "crean un ambiente hostil para la prensa e instigan violencia contra periodistas y medios".

Estas reacciones se sumaron a las de ayer del senador demócrata Patrick Leahy, quien pidió a Duque exigir las pruebas con las que Cabal fundamenta su mensaje y, en caso de que no existan, hacer una denuncia pública.

"La libertad de prensa es vital en cualquier sociedad democrática y es responsabilidad solemne de los funcionarios del Gobierno defenderla", sentenció el senador, demócrata de Vermont.

Este comentario adquiere relevancia por ser Leahy uno de los integrantes de la Comisión de Apropiaciones, instancia en la que el Congreso estadounidense discute la ayuda presupuestaria para Colombia.

Lea también: 'Ejército retira formato de resultados que fue denunciado por The New York Times'.

Ante las críticas, el Ejército negó que se esté interrogando a altos oficiales para establecer quién suministró la información, y aclaró que sí hubo una reunión con oficiales pero fue para abordar el desarrollo de operaciones con las que se busca detener la deforestación.

En una rueda de prensa que dio el canciller colombiano, Carlos Holmes Trujillo, para hablar de la situación de los inmigrantes venezolanos, no se permitieron preguntas sobre la denuncia del diario estadounidense ni referentes al comentario del senador.

La cancillería publicó el martes una carta enviada junto con el Ministerio de Defensa al NYT en la se pone en duda la veracidad del artículo.

Según esa misiva, Casey sacó de contexto documentos oficiales que fueron "citados parcialmente", no identificó a los oficiales que dieron la información y no precisó las "circunstancias de modo, tiempo y lugar" en que se desarrollaron dichas entrevistas.

A raíz del escándalo, el comandante del Ejército colombiano, general Nicacio Martínez, dijo que se cambiará la polémica directriz porque considera que hubo "mala interpretación" por parte de personas ajenas a la institución.

Ante esa decisión, Casey señaló en Twitter que pese a que la "directriz famosa" será cambiada, se mantienen las órdenes de "doblar los resultados" y "no exigir perfección" durante las operaciones, por lo que "las dudas se quedan".