Los cuatro hermanos que habían desaparecido el pasado 1 de mayo, tras caer desde una avioneta en la selva colombiana, completaron tres días de estar internados en el Hospital Militar de Bogotá, a donde fueron remitidos luego de ser rescatados.
Lesly, Soleiny, Tien y Cristin llegaron al centro hospitalario diagnosticados con un cuadro de desnutrición y deshidratación. Además, durante el pasado fin de semana, presentaron episodios de fiebre.
Según el parte médico, los menores se encuentran “bajo asistencia profesional interdisciplinaria, recibiendo atención integral y manejo articulado por parte de las diferentes especialidades clínicas de acuerdo con las necesidades particulares de cada uno de los niños”.
Ese mismo reporte indica que los niños evolucionan de manera satisfactoria y estables. De igual forma, aseguran que se están recuperando de los diagnósticos emitidos anteriormente.
El Hospital Militar informó que además de la asistencia que le están brindando a los niños en las instalaciones del servicio de Pediatría, también tiene un componente holístico, dadas sus costumbres de crianza y las de sus cuidadores, lo cual ha contribuido a su recuperación física y mental.
“El hospital dispuso de “todos los recursos necesarios para tratar las alteraciones nutricionales e hidroelectrolíticas que predominan en los menores”, explicaron desde el centro médico.
¿Qué pasará con los niños tras su recuperación?
Lo que vendrá después para ellos, tras su estadía en el Hospital Militar, aún es desconocido. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) está realizando un proceso para el restablecimiento de los derechos de los menores, proceso que está siendo acompañado de manera administrativa por la Procuraduría General de la Nación.
El tinte desconocido se lo otorga la información que fue dada a conocer recientemente sobre las denuncias de que el padre de los dos niños pequeños y padrastro de los dos mayores, Manuel Miller Ranoque, maltrataba y abusaba de los niños.
Estos hechos fueron puestos en conocimiento por la familia materna de los menores y las indagaciones al respecto están a punto de iniciarse.
“Justamente estábamos asegurando que se realizara una reunión de apertura a la serie de indagaciones que debe hacer el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Eso es objeto de análisis y de corroboración a partir de las entidades. La ruta aquí se activa, sí, pero tiene absoluta reserva y en eso sí tenemos que ser enfáticos: no podemos revelar datos que para este momento del proceso son solamente facultad de la autoridad administrativa, que es la Defensoría de Familia”, señaló la subdirectora del ICBF.
La funcionaria indicó que este proceso de restablecimiento de derechos, dada la complejidad del caso, las averiguaciones que deben hacerse y demás, podría tomar varias semanas.
“Quien lidera este proceso es la Defensora de Familia asignada para este caso y lo hace en compañía de un equipo psicosocial. Además, en el marco de una mesa de coordinación interjurisdiccional, étnica e indígena. Pero no nos podemos anticipar a una decisión. Hoy el ICBF toma estricta reserva tanto del análisis y los elementos que aquí se conjugan para identificar si existe un contexto protector”, agregó Velásquez.
El padre y padrastro de los menores negó todos los señalamientos que se hacen en su contra, sin embargo, a él se enfrentan las declaraciones de la familia de Magdalena Mucutuy, madre de los menores fallecida en el accidente de la avioneta, por lo que habrá que esperar qué argumentos expone cada parte.
Al respecto, la directora del ICBF, Astrid Cáceres, también se pronunció afirmando que su entidad ya había escuchado las declaraciones de los abuelos maternos sobre los supuestos hechos de maltrato y abuso.
“Tomamos nota de todo lo que nos dijeron los abuelos y todo esto se incorpora dentro del proceso de restablecimiento de derechos. La autoridad administrativa es quien toma las decisiones”, complementó Cáceres.
Por su parte, la Procuraduría asignó a un Procurador Judicial para que ejerza la intervención administrativa mencionada. Este “asistirá como garante de los derechos de los niños y niñas a la recepción de declaración de uno de los representantes legales de los menores de edad”, informó el Ministerio Público.