Comunidades campesinas e indígenas de La Vega, departamento del Cauca, protestan este martes en el sector de El Recreo, en la vía que comunica este municipio con La Sierra y Popayán, porque denuncian que la minería ilegal está acabando con la flora y la fauna de esta parte del Macizo Colombiano. También con el agua.
“Las comunidades se encontraban en asamblea permanente desde el 10 de noviembre y deciden, en el marco de una gran asamblea comunitaria desde las 6:00 p.m. de este lunes 18 de noviembre, hacer uso de su derecho constitucional a la protesta pacífica a través del corte de ruta, en la vía nacional del Macizo Colombiano, para ser escuchados por parte de las instituciones competentes: Alcaldía, Personería, CRC, Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio de Minas y Energía, Agencia Nacional de Minas, por la defensa del agua, la vida y el territorio”, informaron pobladores de la zona.
Y es que a pesar de los reportes de las autoridades sobre los resultados contra la minería ilegal, los pobladores de esta parte del departamento informan que hasta el momento no existe una verdadera intervención por parte de estas instancias regionales en la materia.
“Necesitamos ordenar el territorio en torno a la protección del agua, conforme a lo establece en el programa de Gobierno del presidente Gustavo Petro. El Macizo Colombiano está en peligro por la implementación de la política extractivista minero-energética y la minería ilegal, exigimos a todas las instituciones competentes, quienes fueron convocadas previamente a hacer presencia en esta asamblea para instalar una mesa de diálogo y concertación, con el fin de dar solución a esta problemática”, informó, por su parte, Martha Galviz, habitante del lugar.
Por eso, indicaron que durante este año se han realizado varias reuniones para socializar y denunciar ante la institucionalidad la afectación por la actividad minera y la extracción de oro alrededor del acuífero El Guambial, el cual abastece las bocatomas que nutren los acueductos comunitarios de la región, beneficiando a alrededor de 15 mil personas.
“El pasado 22 de agosto, en asamblea comunitaria, se manifestó a los organismos municipales, departamentales y nacionales dicha problemática ambiental y social. Hasta el momento no se ha resuelto el conflicto, mientras tanto los actores mineros siguen trabajando y afectando el territorio. Por esta razón, las comunidades, al sentirse acorraladas por la actividad minera e ignoradas por la institucionalidad encargada de velar y proteger los recursos naturales, los derechos humanos, la vida y la paz, se mantendrán en la vía hasta tanto no se solucione el pliego de exigencias que se presentó”, agregaron los pobladores que participan en esta movilización, a la cual se sumaron los estudiantes de los planteles educativos de la región.