A pocos días de terminar el actual periodo de sesiones en el Congreso de la República, ya se advierte de una reforma constitucional que se tramitará en el legislativo por parte del Partido Conservador con el fin de prohibir el derecho al consumo de las dosis mínimas de droga.

La propuesta del senador antioqueño, Juan Diego Gómez, sostiene que es necesario encontrar un acuerdo entre las bancadas para aprobar la prohibición del consumo de este tipo de sustancias en lugares públicos y se presenta luego de que la Corte Constitucional tumbara una norma del Código de Policía al respecto.

Gómez indicó que “la sentencia nos hace un llamado a legislar en torno a esta situación. Hoy el problema de las drogas no solo está en los cultivos ilícitos, sino en las redes de microtráfico y narcotráfico y allí debe centrarse el punto de concertación entre el Congreso y las Cortes para que podamos tener soluciones que le sirvan a los ciudadanos”.

El representante a la Cámara, Juan Carlos Wills, sostuvo que el objetivo de la reforma es proteger el derecho que tienen las familias de disfrutar de un ambiente sano, además de endurecer las sanciones para quienes sean sorprendidos vendiendo alucinógenos.

Según Wills, “la decisión de la Corte Constitucional revierte los hechos logrados en la lucha contra el microtráfico y la descomposición social. Las conductas individuales no pueden afectar la tranquilidad de los espacios públicos y mucho menos poner en riesgo los espacios sensibles como los entornos escolares y los parques”.

Consideró que “estamos llamados a legislar para el beneficio común y vamos a hacer lo posible para recuperar y proteger los espacios públicos del microtráfico y el consumo. La dosis mínima se ha convertido en el disfraz de los narcotraficantes y jíbaros al servicio de la criminalidad”.

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Sin embargo, el senador de Cambio Radical, Carlos Fernando Motoa, dice que la decisión le parece apresurada y oportunista: “La sentencia de la Corte la comparto, el simple hecho de tomar alguna copa de alcohol o un cigarrillo en la calle no genera un peligro en sí para la sociedad, no atenta conta la tranquilidad pública, ni afecta el equipamiento urbano”.

Explica que el abuso del licor, sí hay que evitarlo y castigarlo; el microtáfico hay que perseguirlo, pero el consumo racional y tranquilo de algo que no está prohibido en las normas y tiene garantías de desarrollo personal, no entiende para qué perseguirlo.

Motoa sostiene que hay posiciones ideológicas de quienes están en contra de la decisión de la Corte, pero a su juicio, “entre menos regulación y limitaciones haya del Estado sobre los particulares, se genera una mejor ciudad, unos mejores controles”, en cambio, “esos Estados tan ‘entrometidos’, son pocos efectivos”.

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De otra parte, desde el Centro Democrático se indicó que en los próximos días se anunciará la fecha de la movilización nacional que están convocando para rechazar el controvertido fallo de la Corte Constitucional, llamado que fue hecho por el líder natural del partido, el senador y expresidente, Álvaro Uribe Vélez.

Sin embargo, ayer, en Cali, Bogotá y otras ciudades se registraron movilizaciones ciudadanas en contra del fallo de la Corte Constitucional que tumbó los dos artículos referentes al consumo de licor y psicoactivos en la calle.

Un total de 135.889 comparendos han sido impuestos a ciudadanos en Colombia en el último año por consumir licor o algún tipo de estupefacientes en vía pública.

Según las autoridades, 100 kilos de sustancias psicoactivas se han incautado en todo el territorio nacional desde que entró en vigencia el decreto de la dosis mínima.