La Superintendencia de Sociedades informó que había admitido en proceso de reorganización empresarial a la empresa Conconcreto.

La constructora es parte del Consorcio CCC Ituango, un grupo que comenzó a trabajar en la obra de la hidroeléctrica Ituango en 2012 y cuya única responsabilidad en el proyecto, según lo estipula el contrato, es la construcción de la presa principal y obras subterráneas.

Este consorcio está conformado por tres empresas: Camargo Correa (con un 55 % de la sociedad), Constructora Conconcreto (35 %) y Coninsa Ramón H. (10 %). Entre miércoles y jueves, las dos últimas han sido aceptadas para renegociar sus acreencias en la misma semana.

"En aplicación del Decreto 560 de 2020, con el ánimo de activar mecanismos que coadyuven a la recuperación empresarial, facilitar la preservación de la empresa y el empleo y sin descuidar los intereses de proveedores, acreedores y accionistas, Constructora Conconcreto ha sido admitido por la Superintendencia de Sociedades al proceso de Negociación de Emergencia de Acuerdo de Reorganización", indican en el comunicado.

Pese a la decisión de reorganización, precisaron que "el panorama financiero de la compañía es sólido y positivo, cuenta con solvencia patrimonial, recursos líquidos y un backlog de aproximadamente tres (3) años de proyectos en ejecución, sin embargo, el reciente fallo en primera instancia de la Contraloría General de la República por una cifra de $4,3 billones, tiene un innegable impacto patrimonial y operativo. Resaltamos que, a la fecha, la Compañía viene cumpliendo con todos sus compromisos laborales, contractuales, con el sector financiero y con entidades gubernamentales".

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El presidente de Conconcreto, Juan Luis Aristizábal, destacó la trayectoria que ha tenido la constructora por seis décadas. “Somos una empresa resiliente, con una historia de 60 años. Gracias a la tenacidad de nuestro equipo humano y con el apoyo de nuestros grupos de interés, asumiremos este nuevo reto empresarial. Estamos preparados y comprometidos con el país, Antioquia y sus comunidades en la culminación del proyecto Hidroituango crítico para la estabilidad energética de Colombia".

Explicaron que esta decisión garantizará la sostenibilidad de la empresa, se podrá mantener los más de 12.000 empleos y se cumplirán con todas las obligaciones pendientes. Además, se mitigará "la incertidumbre generada por las especulaciones en el mercado y por las eventuales consecuencias de la ratificación del fallo de la Contraloría General de la República a través de los mecanismos que prevé la ley. En los próximos días se dará inicio a la fase de negociación del acuerdo de reorganización con los acreedores participantes del proceso".

El pasado 21 de septiembre, la constructora había asegurado que no se había sometido a ningún proceso con la Superintendencia de Sociedades después de que en medios circulara que se encontraba en trámites de insolvencia. La empresa declaró que "a la fecha la sociedad no ha presentado solicitud alguna para su admisión en un proceso de insolvencia".

Conconcreto es una constructora que cuenta con una trayectoria de 60 años y tiene proyectos en mercados internacionales como Estados Unidos y Panamá. Su estrategia de internacionalización se concentra en buscar oportunidades de negocio y proyectos en Centroamérica y el sur de la Florida.

El anuncio surge en medio de la controversia que ha desatado el fallo de responsabilidad fiscal que emitió la Contraloría contra 26 personas jurídicas y naturales vinculadas con las obras del Proyecto Hidroituango el pasado 6 de septiembre. La sentencia fue por el siniestro en esta obra registrado en 2018 y asciende a $4 billones.

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Este es uno de los mayores casos de imputación de responsabilidad fiscal en la historia colombiana, pues de los 28 investigados, solo dos quedaron exentos de responsabilidad: el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria; y Jorge Mario Pérez Gallón, miembro de la junta directiva de Hidroituango (por Idea).

El fallo se dio porque dichas inversiones en el proyecto, con corte a junio de 2019, excedían 114,94 % el valor que fue inicialmente planteado para el proyecto. Además, explicaron que hay una responsabilidad por el lucro que se vio afectado luego de que el proyecto no haya comenzado a generar energía desde noviembre de 2018.

De hecho, en el informe de 2020 de la compañía, uno de los hitos que fueron destacados fue la extensión del contrato al consorcio CCC Ituango en las obras de Hidroituango.

Mientras se espera la decisión final del Contralor General, Carlos Felipe Córdoba, Conconcreto había denunciado a este medio que el proceso de investigación para decretar el hallazgo de responsabilidad fiscal presentaba ciertos vicios, entre ellos, hubo tres cambios de acusaciones en un mismo proceso, no se incluye a EPM como responsable del proyecto, mal uso de los informes periciales y técnicos, violación al derecho a la defensa (no se dejó a Concocreto usar reportes), no toman en cuenta el pago de las pólizas seguros, las empresas del consorcio no son agentes fiscales y no hubo notificación oficial del fallo.

“Las imputaciones deben ser coherentes para cumplir con el debido proceso. En este caso nos señalaron por una cosa y ahora nos acusan por otra, que además no es clara, porque al leer el fallo de más de 2.500 páginas no son claros en identificar qué empresa hizo qué y de qué es responsable cada una”, explicó Candelaria Rodríguez, secretaria general de la Constructora Conconcreto.

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Este anuncio se suma a la reorganización de Coninsa Ramón H., que ayer aclaró que este nuevo estado de la compañía no afectará los proyectos que actualmente dirigen.

"Ninguno de los proyectos que adelanta actualmente Coninsa, de forma individual o con otras organizaciones, se verá afectado por cuanto la finalidad de este tipo de procesos es la protección del crédito y la continuación de los negocios, a través de los trámites de reorganización y siempre bajo el objetivo de agregar valor", aseguraron.

Y agregaron: "Las operaciones y compromisos de Coninsa con los clientes seguirán en sus mismas condiciones, ya que hacen parte del giro ordinario de su objeto social. Por tanto, el mecanismo de negociación de emergencia de un acuerdo de reorganización es un instrumento adecuado y óptimo para proteger a todas las partes de interés que existen alrededor de su operación y manteniendo la buena fe en las relaciones comerciales con todos nuestros clientes y aliados", indicaron.