Hasta el lunes 11 de diciembre, a las 5:00 p.m., estuvo abierta la convocatoria pública para escoger al nuevo contralor general. La decisión se adelantará el 7 de marzo de 2024, luego de que la Universidad Nacional efectúe la prueba de conocimientos a los aspirantes al cargo, que buscarán asumir funciones hasta el 2026.
El cierre se efectuó con la participación de 140 aspirantes, entre los que se encuentra el próximo contralor general de la República, tras el fallo del Consejo de Estado que anuló la elección de Carlos Hernán Rodríguez.
Entre ellos están el exministro de Ciencia, Tito José Crissien; la exviceministra del Interior, María Paola Suárez; el excongresista, Carlos Eduardo Acosta; el excontralor de Bogotá, Andrés Castro; el exmagistrado del Consejo Nacional Electoral, José Joaquín Plata Albarracín; la directora de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción, Alexandra Cárdenas; entre otros.
Lo que sigue
Según el cronograma, luego de la recepción de los candidatos, continúa la revisión de los perfiles acreditados y la publicación de la primera lista de elegibles, cuyos comentarios sobre presuntas reclamaciones e inhabilidades se podrán presentar hasta el viernes 15 de diciembre.
La prueba de conocimiento será el 27 de enero de 2024, y el 7 de febrero se publicará una nueva lista.
Además, será designada una comisión accidental por parte del Congreso, la cual escuchará a los aspirantes en audiencia pública. De este proceso quedarán 10 candidatos, los cuales se conocerán el 12 de febrero de 2024, con miras a la votación pactada para el 7 de marzo.
La situación de Carlos Hernán Rodríguez
Cabe recordar que la Sección Quinta del Consejo de Estado declaró el 25 de mayo la nulidad en la elección de Carlos Hernán Rodríguez, como contralor General de la República, debido a que se registraron irregularidades en las decisiones de la mesa directiva del Congreso, relacionadas con los criterios durante la convocatoria inicial del proceso.
Según el fallo del alto tribunal, se registraron afectaciones a la objetividad y legalidad del procedimiento, que “variaron de manera grave los parámetros de evaluación de los participantes”.
Rodríguez presentó una acción de tutela ante la Corte Constitucional, pese a que se abrió la nueva convocatoria.
A finales del mes de septiembre se confirmó que el alto tribunal revisaría la medida, pero aún no se conoce la decisión que tomó la Corte sobre el particular.