Gabriel Del Toro, procurador delegado para la Vigilancia de la Función Pública, le notificó a través de una carta de 20 páginas a la alcaldesa Claudia López y al gerente de la empresa Metro, Leonidas Narváez, los seis riesgos jurídicos y técnicos que se podría correr en caso de que haya un cambio en el contrato firmado en 2019 para construir la primera línea del Metro de Bogotá.

La Procuraduría le sugirió a la Alcaldía de Bogotá,  hacer un análisis, antes de hacer una modificación en el contrato, para garantizar que se cumplan los principios de autonomía territorial y contractual.

Asimismo, solicitud que la decisión que tome la administración de Bogotá "obedezca a la planeación ya efectuada por el Distrito y la Empresa Metro de Bogotá, para su posterior ejecución, teniendo en cuenta las consideraciones citadas en la parte inicial de este documento".

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El Ministerio Público, también, recomendó estudiar la jurisprudencia del Consejo de Estado que indica que "no es procedente en la ejecución del contrato modificar aspectos sustanciales del pliego de condiciones que sirvieron de fundamento para la selección objetiva, previstos como requisitos habilitantes", pero específicamente con un punto clave del documento de precalificación que señala que  “los solicitantes deberán acreditar que cumplen con la siguiente experiencia: uno o más contratos que sumados acrediten la construcción de diez estaciones elevadas".

A su vez, la Procuraduría pidió que se le envíen al Ministerio Público los documentos con los análisis, donde argumentan las necesidades de cambiar el contrato de concesión para hacer una parte del metro subterráneo, agregado a lo siguiente, que es muy técnico: "si la modificación implica un monto que supere el 15 % del precio original, remitir copia de la solicitud de no objeción del Banco Interamericano de Desarrollo y el documento de análisis técnico y jurídico que soporta tal solicitud".

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Igualmente, solicitó que, en caso de que se generen mesas técnicas para estudiar el futuro del Metro de Bogotá, inviten a un delegado de la Procuraduría "con el fin de ejercer su función preventiva".