En medio del asedio a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo Superior de la Judicatura pidió buscar una “solución pacífica” al bloqueo de manifestantes en la sede del Palacio de Justicia. Durante más de tres horas, las protestas han impedido la salida de los funcionarios del edificio Alfonso Reyes Echandía.
A través de un comunicado, el Consejo Superior rechazó “de forma enfática las interferencias al cumplimiento de las funciones constitucionalmente asignadas a la Corte Suprema de Justicia, que constituyen una grave amenaza a la independencia de la justicia y la separación de poderes, al tiempo que pone en riesgo las instituciones legítimamente establecidas y el Estado Social de Derecho”.
En su mensaje, la rama judicial calificó de antidemocráticos los bloqueos con los que algunos manifestantes pretenderían presionar a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia para agilizar la elección de la fiscal que sucederá a Francisco Barbosa.
“Los actos que han emprendido un grupo de personas en la sede del Palacio de Justicia, con los que pretenden forzar decisiones de la Corte Suprema, desconocen la tradición democrática de la justicia en Colombia y el apego en sus decisiones a la Constitución Política y a la Ley”, expresa el comunicado.
Las altas Cortes se unieron en un reclamo al unísono: el respeto a la autonomía judicial y a la integridad de la magistratura. En ese sentido, la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia expresaron su rechazo a la violenta jornada de manifestaciones.
El presidente de la Corte Suprema, el magistrado Gerson Chaverra, el mismo que anunció esta mañana que no se llegó a una decisión final frente a quién será la próxima fiscal general, fue el encargado de rechazar el “asedio de las últimas horas al Palacio de Justicia”, situación que “pone en grave riesgo la vida e integridad física” de quienes asistieron al lugar.
De acuerdo con el togado, las protestas de esta ocasión significan peligro para “magistrados, empleados, periodistas y demás ocupantes de la principal sede judicial del país”, por lo que se separan del “legitimo derecho a la protesta pacífica” y de la “divergencia de posturas ciudadanas e institucionales en los asuntos públicos de la nación”.
La Corte, por tanto, “condena en esta oportunidad el bloqueo violento e ilegal al que es sometida nuestra casa de justicia”. “Es inaceptable que se llegue a sitiar a jueces cuya independencia, autonomía e imparcialidad deben ser impulsadas y promovidas, tanto por la sociedad como por los poderes públicos del Estado”, expresó Chaverra.
A su llamado de atención se unió la Corte Constitucional, que además instó “a la sensatez y a la calma”. La magistrada Diana Fajardo, presidenta del Tribunal hasta el 10 de febrero, precisó que es necesario “que no se bloquee, presione o amedrente a las instituciones de justicia”.
”Los jueces en todos los niveles requieren de tiempo, espacio y condiciones aptas para una adecuada deliberación y decisión de los asuntos y encargos propios”, concluyó la Corte Constitucional, en medio de reparos a la jornada.
Asimismo, la Comisión de Disciplina Judicial, el órgano disciplinario de la Rama y de quienes ejercen la abogacía, se pronunció. Se apartó “con firmeza” de “los actos y manifestaciones de violencia”, así como de “cualquier clase de presión y bloqueo en contra de las instituciones del Estado”.
”La democracia queda en vilo cuando cualquier sector o actor del país pretende presionar política, física o moralmente decisiones de la justicia. En un Estado de derecho, como el colombiano, la función judicial solo está sometida al imperio de la ley”, declaró el magistrado Gerson Chaverra.
*Con información de Colprensa.