La Contraloría General de la República, a través de la Unidad de Investigaciones Especiales Contra la corrupción, ordenó la apertura de dos procesos de responsabilidad fiscal, en contra de algunos coordinadores y funcionarios del Grupo Administrador del Fondo para la Reparación de Víctimas, al establecer la existencia de daño patrimonial ocasionado al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, uno por $15.284 millones y otro por $872.427.331.
Estas aperturas de proceso se generan por las presuntas irregularidades encontradas en la administración y monetización de los bienes entregados por los desmovilizados de los grupos armados, dentro del marco de la ley de Justicia y Paz, a través de los cuales se generan los dineros para el pago de las reparaciones integrales reconocidas mediante sentencia judicial, a todas las víctimas del conflicto armado en el país.
Entre las presuntas irregularidades en la administración y monetización de los bienes entregados al Fondo de Reparación de Víctimas están el no cobro de los cánones de arriendo, permitir, por descuido, el deterioro de los bienes hasta llevarlos a ruina o amenaza de ruina.
Efectuar la venta de bienes por debajo de los precios del mercado, por una indebida administración y producción de los bienes destinados a las actividades agrícolas y forestales, y por mantener bienes en el paso del tiempo, sin ningún sistema de administración, entre otros.
Contraloría revela 7 hallazgos fiscales por $36.879 millones en actuación especial sobre recaudo
Hace unos días, la Contraloría General de la República estableció 7 hallazgos con incidencia fiscal por un monto de $36.879 millones, 14 con presunto carácter disciplinario y 3 con presunta incidencia penal, en una Actuación Especial de Fiscalización Intersectorial al Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, al Municipio de Providencia y a la ESE Hospital Departamental de San Andrés para el periodo 2019 a 15 de mayo de 2023, donde evaluó la gestión fiscal en los procesos de recaudo, administración y ejecución de los recursos endógenos por concepto de la tarjeta de turista y la contribución para el uso de la infraestructura pública turística.
Según el ente de control, los resultados de la evaluación arrojaron un concepto adverso para la gestión adelantada por estas tres entidades, dada la inobservancia de los principios de economía, eficacia, eficiencia y planeación.
“Un hecho que configura hallazgo fiscal por $1.225 millones se relaciona con la construcción de una pista de bicicross en el municipio de Providencia, la cual se encuentra abandonada sin que se hubiera cumplido el objeto del contrato afectando así el beneficio esperado para la comunidad. Se advierten deficiencias desde el proceso de estructuración del proyecto, en el que no se adelantaron las gestiones correspondientes a la obtención de permisos y licencias ante las autoridades ambientales”, asegura la Contraloría en un comunicado.
Asimismo, hay casos cuantificados en $4.869 millones que en palabras del ente de control “evidencian falta de controles en el proceso de recaudo por concepto de tarjeta de turista, al identificar números seriales utilizados sin que se haya evidenciado el ingreso efectivo del recurso a la tesorería del departamento”.
También $155 millones invertidos por la Gobernación en el Centro de Salud San Luis que corresponden a la instalación de un ascensor que no está en funcionamiento. Hasta hoy las pólizas de garantía están vencidas y el ente de control asegura que hay una evidencia de que “la Gobernación no realizó ninguna gestión que permitiera salvaguardar dicha inversión”.