Recientemente, se dio a conocer un informe por parte de la Contraloría General de la Nación sobre presuntas irregularidades relacionadas con corrupción que se estaría presentando en por los menos 18 Entidades Promotoras de Salud (EPS) y que dejarían en evidencia el mal manejo que se le estaría dando a los recursos públicos.
El documento reveló que más de nueve billones de pesos destinados a la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y los presupuestos máximos se han desviado en actividades, bienes y servicios que no tienen nada que ver con la atención del servicio de salud a los pacientes. Esta situación se habría presentado durante los años 2020 y 2021, época en la que la pandemia del coronavirus desató una gran crisis en la salud.
El informe generó todo tipo de comentarios, que incluso la Fiscalía General de la Nación manifestó que había abierto una investigación para esclarecer la presunta corrupción que se habría presentado con los recursos públicos y poder llevar ante la justicia a las personas que estén involucradas en este escándalo.
Aclaración de la Contraloría
Ante esto, la Contraloría General de la República publicó un comunicado para frenar las especulaciones y comentarios frente al tema. La entidad informó que las recientes publicaciones relacionadas con las Empresas Promotoras de Salud (EPS) corresponden a un informe preliminar.
El cual se encuentra actualmente en una fase de traslado de observaciones hacia las diferentes EPS involucradas y tiene como propósito principal de esta acción permitir que “las EPS respondan a los cuestionamientos y observaciones consignados en el informe”, indicaron.
De igual manera, expresaron que una vez se concluya esta etapa de revisión, el siguiente paso será proceder al cierre y publicación del respectivo informe, tal y como lo ordenan las guías que rigen en la Contraloría. Tras esto, se empezarán a tomar las medidas correspondientes, ya sean procesos de responsabilidad fiscal o cualquier otra decisión.
“En los casos en que existan los presupuestos para formular hallazgos fiscales por presunto detrimento patrimonial se realizaran los análisis jurídicos necesarios para abrir los procesos de responsabilidad fiscal como lo prevé la ley”, finalizó la Contraloría.
Algunos de los hallazgos
En el informe publicado se conoció que, por ejemplo, la EPS Famisanar se gastó casi 500 mil millones de pesos, destinados a arrendamiento, cancelación de crédito, duplicado de carnet y giro directo, entre otros conceptos.
Sobre la Nueva EPS, el ente de control reportó posibles irregularidades por más de un billón de pesos en impuestos, giro directo y otras deudas.
Además, según la Contraloría, en la EPS Sanitas, los hallazgos fiscales reportaron más de un billón 600 mil millones de pesos por conceptos de asesorías, comisiones financieras, deudores varios, mejoras en propiedad ajena y pérdidas en activos financieros.
En las otras 15 EPS registradas en este informe también aparecen otros conceptos como futura suscripción de acciones, gastos de representación, dividendos y participantes, deterioro de inversiones, litigios y demandas, registros mercantiles, entre otras actividades.