La Contraloría General de la República estableció, por medio de un comunicado en la mañana de este lunes, 2 de septiembre, que existe un retraso en el pago de subsidios a las empresas prestadoras del servicio público de energía por parte del Ministerio de Minas y Energía, previa asignación presupuestal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
“Esta situación puede derivar en el inminente riesgo de racionamiento y hasta la cesación en la prestación del servicio de energía a más de 10 millones de personas en la Costa Caribe, en Nariño, Chocó y Puerto Carreño (Vichada)”, indicó la Contraloría.
Asimismo, el ente regulador manifestó que habría hecho las observaciones pertinentes a las superintendencias correspondientes, pero, según la entidad, no se habría tomado ninguna decisión relevante para evitar el posible apagón.
“Este órgano de control debe precisar que la vigilancia y control sobre la prestación eficiente de los servicios públicos domiciliarios compete a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y a la Superintendencia de Industria y Comercio, sin que a la fecha se conozca algún tipo de actuación desplegada por las autoridades mencionadas, a pesar de ser una situación de especial gravedad”, se lee en la misiva.
Causas del posible apagón
La Contraloría sostiene que la falta de decisión del Gobierno nacional sobre el reembolso a los prestadores del servicio de los recursos no recaudados por la “opción tarifaria”, que congeló las tarifas durante la pandemia para aliviar el gasto de los hogares colombianos, contribuye a ese estado de cosas. El incumplimiento de las obligaciones de los operadores de red con el mercado mayorista de energía es otro factor que podría resultar en restricciones en el suministro de energía por parte de los generadores a los prestadores del servicio u operadores de red, especialmente a las empresas de la Costa Caribe.
De esta manera, el ente regulador basa las causas del posible apagón en tres ejes críticos:
- No pago de los subsidios por parte del Gobierno nacional.
- Ingresos no recaudados por la “opción tarifaria”.
- El incumplimiento de los operadores de red con el mercado mayorista.