Por medio del Decreto 050 de 2023, el Gobierno Nacional ordenó el congelamiento de las tarifas de peajes, panorama ante el que la Contraloría advirtió al Ministerio de Transporte, a la ANI y a los concesionarios viales para que “consideren la pronta implementación de las acciones necesarias para cumplir cabalmente con lo pactado en los contratos de concesión”.
Inclusive, existe el riesgo de que “para los once contratos concesionados viales de Iniciativa Privada (IP) vigentes, la afectación pueda ser aún mayor”, explicó la Contraloría que, además, aseguró que se debe a que “ (...) no tienen desembolso de recursos públicos y la recuperación de la inversión, depende exclusivamente del recaudo de las tarifas de peaje que pagan quienes usan la infraestructura vial”.
Por otro lado, la Contraloría General de la República señaló que los efectos económicos de la decisión del Gobierno se ven reflejados en un valor cercano a los $ 610.000 millones en 2023. Dijo que “de no autorizarse prontamente el ajuste hoy restante del +4,64 %, la afectación en 2024 podría alcanzar los $410.000 millones”, lo que arrojará un total de $1,02 billones, los cuales deberán ser pagados por la ANI con cargo al Presupuesto General de la Nación.
Es por tal motivo que la Contraloría General de la República expresó la preocupación de que las cifras se incrementen sustancialmente debido a los “posibles efectos de las decisiones que adopten los cuatro (4) tribunales arbitrales ya iniciados por los concesionarios viales de Iniciativa Privada y de los que pudieran estar próximos a ser presentados”.