La Contraloría General de la Nación anunció que iniciará acciones penales por falsedad documental contra EPS que habrían aportaron información al ente de control con las que se elaboró un informe sobre sus estados financieros, pero ahora dicen que las cifras reveladas no son reales, según anunció el Vicecontralor en funciones de Contralor General de la República, Carlos Mario Zuluaga.
Según indicó, en el mes de marzo, el ente de control publicará un nuevo informe donde se dirá legalmente cómo se deben utilizar los recursos de la UPC y qué pasó con los recursos girados a las EPS en la pandemia.
Es de recordar que la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), organización que agremia a las aseguradoras, desmintió los datos revelados por la Contraloría.
De acuerdo con el informe presentando, al menos 26 EPS acarrean deudas por $25 billones con IPS y con proveedores. Además, 16 de esas EPS no cumplen con los requisitos para operar, dado que poseen indicadores de margen de solvencia no satisfactorios y no cumplen con la provisión ni con el Régimen de Inversión de las Reservas Técnicas.
Sin embargo, la información fue rechazada por Acemi al manifestar que esos datos “están lejos de coincidir con los estados financieros oficiales de las EPS”.
En respuesta, el contralor (e) Zuluaga señaló: “Nos mantenemos en la línea de lo que hemos dicho en términos de irregularidades, y estamos dispuestos a presentar nuevamente la información y a controvertirla en los escenarios que sea. Eso sí, si Acemi o cualquiera de los que suministraron información dice que no es real, la Contraloría va a iniciar acciones penales por falsedad en documento”.
Y añadió: “Quiero recordarles a Acemi y a todas las agremiaciones de salud que ninguno de ellos le enseña al órgano de control cuáles son las metodologías que durante 100 años ha tenido la Contraloría General de la República para hacer vigilancia de los recursos públicos”.
De acuerdo con el estudio del ente de control, el monto que esas Empresas Prestadoras de Salud tienen con las clínicas y hospitales es de $11,3 billones, pero solo tienen respaldo para cubrir $1.3 billones.
Para los restantes $12.4 billones no hay con qué cubrirlos, detalló la Contraloría, de manera que se estaría configurando un incumplimiento al Régimen de Inversiones de Reservas Técnicas que exige la inversión del cien por ciento de los recursos.
Otro de los hallazgo reveló que 21 EPS incumplen con la provisión y con la inversión de sus reservas técnicas, un hecho que no solo rebasa la normatividad sino que pone en riesgo al sistema sanitario dado que “al no constituir las reservas, no apalancan sus obligaciones para atender los gastos en salud”.
Pese a que el 93,5% de las deudas de las EPS con las IPS tiene menos de un año, el 51% del total de esa cartera se concentra en tres empresas: Famisanar, Sanitas y Emssanar, con un monto de $5.4 billones.