La Contraloría General de la República estableció 7 hallazgos con incidencia fiscal por un monto de $36.879 millones, 14 con presunto carácter disciplinario y 3 con presunta incidencia penal, en una Actuación Especial de Fiscalización Intersectorial al Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, al Municipio de Providencia y a la ESE Hospital Departamental de San Andrés para el periodo 2019 a 15 de mayo de 2023, donde evaluó la gestión fiscal en los procesos de recaudo, administración y ejecución de los recursos endógenos por concepto de la tarjeta de turista y la contribución para el uso de la infraestructura pública turística.
Según el ente de control, los resultados de la evaluación arrojaron un concepto adverso para la gestión adelantada por estas tres entidades, dada la inobservancia de los principios de economía, eficacia, eficiencia y planeación.
“Un hecho que configura hallazgo fiscal por $1.225 millones se relaciona con la construcción de una pista de bicicross en el municipio de Providencia, la cual se encuentra abandonada sin que se hubiera cumplido el objeto del contrato afectando así el beneficio esperado para la comunidad. Se advierten deficiencias desde el proceso de estructuración del proyecto, en el que no se adelantaron las gestiones correspondientes a la obtención de permisos y licencias ante las autoridades ambientales”, asegura la Contraloría en un comunicado.
Asimismo, hay casos cuantificados en $4.869 millones que en palabras del ente de control “evidencian falta de controles en el proceso de recaudo por concepto de tarjeta de turista, al identificar números seriales utilizados sin que se haya evidenciado el ingreso efectivo del recurso a la tesorería del departamento”.
También $155 millones invertidos por la Gobernación en el Centro de Salud San Luis que corresponden a la instalación de un ascensor que no está en funcionamiento. Hasta hoy las pólizas de garantía están vencidas y el ente de control asegura que hay una evidencia de que “la Gobernación no realizó ninguna gestión que permitiera salvaguardar dicha inversión”.
Otras situaciones cuestionadas
Adicional a lo mencionado, la actuación de la Contraloría evidenció otras situaciones que configuran condiciones que afectan notoriamente el beneficio esperado para la comunidad con el recaudo y ejecución de los recursos cobrados por la tarjeta de turista; especialmente en lo que concierne a $29.706 millones que corresponden a recursos no ejecutados del convenio inter administrativo suscrito con FINDETER, de los que no se disponen los soportes que den cuenta del ingreso a las cuentas bancarias de la Tesorería Departamental.
Igualmente, “hay $504 millones entregados por el Hospital Departamental en calidad de anticipo al contratista por concepto de adquisición de vehículos eléctricos, uno de ellos para adecuarse como ambulancia medicalizada, sin que a la fecha de liberación del informe se evidenciara la entrega de los bienes ni la instalación de la planta fotovoltaica que garantice el cargue de energía que haga factible su funcionamiento, hecho relevante si se tiene en cuenta el propósito de tales vehículos en la mejora dela prestación del servicio de salud en el Departamento”.
Unido a ello, $390 millones por la elaboración e instalación de letreros artísticos en el departamento, algunos de los cuales reflejan incumplimiento de las especificaciones técnicas, de tal manera que garantizaran resistir las condiciones climáticas de la isla. “A esto se suma que el acuerdo de condiciones económicas del contrato inicial y de la adición resultan disímiles a pesar de ejecutarse en condiciones semejantes de modo, tiempo y lugar”.
No hay mecanismos de seguimiento
Los resultados de la evaluación del ente de control también destacan la ausencia de mecanismos de seguimiento, validación y control que garanticen el adecuado registro y administración de los recursos. “En consecuencia, se estableció falta de oportunidad en las transferencias que debe realizar la Gobernación en favor del Municipio; y disparidad entre distintas fuentes de información en lo que concierne al recaudo y transferencia, según los términos de ley”, sostiene la Contraloría.
El informe, realizado por la Contraloría Delegada para la Gestión Pública e Instituciones Financieras, señala situaciones en que se presentan incluso cambios en la destinación específica que debería aplicar, sobre todo para los recursos asignados a contribución para infraestructura pública turística. Tales situaciones se replican en el municipio de Providencia y en conjunto sustentan la formulación de hallazgos con presunta incidencia disciplinaria y penal.
“Los hallazgos dan cuenta de falencias en la labor de recaudo y administración de los recursos, en el registro a nivel contable, presupuestal y de tesorería, y en la ejecución de los mismos a través de contratación suscrita por los sujetos auditados, las cuales requieren acciones por parte de estos con miras a garantizar los propósitos establecidos en la Ley que creó tales tributos y contribuciones, enfocados a mejorarlas condiciones del Archipiélago, de la comunidad turista y residente, y de su infraestructura”, concluye el ente de control.