En un extenso comunicado dirigido al director general del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Alexander López Maya, la Contraloría General de la República manifestó su desacuerdo con la propuesta de aplazamiento de la totalidad de los recursos de inversión aprobados para la entidad en la vigencia 2025, que ascienden a $133.901 millones.
Según el contralor general, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, esta medida pondría en riesgo la capacidad operativa y misional de la institución, afectando gravemente el control fiscal y la transparencia en la gestión de los recursos públicos.
“Sin los recursos necesarios, sería más difícil implementar tecnologías emergentes como la automatización de procesos, análisis predictivo y soluciones de Big Data, las cuales son fundamentales para mejorar la vigilancia y control fiscal, la auditoría y la toma de decisiones”, se lee en uno de los párrafos de esta comunicación.
El impacto de la reducción presupuestal
El presupuesto aprobado para la Contraloría en el Decreto 1523 del 18 de diciembre de 2024 sufrió una reducción del 56% en comparación con la solicitud inicial, pasando de más de 424 mil millones a 186 mil millones. Frente a esta situación, el aplazamiento propuesto abarcaría la totalidad de los recursos de inversión restantes, lo que, según la CGR, haría inviable cumplir con sus responsabilidades.
Estas son algunas de las áreas afectadas por el recorte:
- Modernización tecnológica: La actualización de sistemas y herramientas digitales, esenciales para la auditoría y vigilancia física, se vería paralizada. La seguridad cibernética quedaría comprometida, exponiendo datos confidenciales y debilitando la confianza de la entidad.
- Gestión documental: La digitalización, conservación y organización de archivos históricos se dificultaría, limitando el acceso a información crítica para las auditorias y procesos judiciales.
- Capacitación del personal: La falta de recursos impediría el fortalecimiento de competencias técnicas en los funcionarios, limitando su capacidad para enfrentar el control fiscal.
- Evaluación de políticas públicas: La CGR no podría monitorear de manera efectiva el cumplimiento de programas gubernamentales ni evaluar su impacto en la sociedad.
A pesar de las limitaciones presupuestales, la Contraloría reportó logros significativos en el último periodo, recuperando $2,96 billones de pesos objeto de detrimento patrimonial entre septiembre de 2022 y noviembre de 2024.
Sin embargo, el contralor Rodríguez Becerra subrayó que la medida de aplazamiento afectaría negativamente estos resultados, comprometiendo la eficacia y la sostenibilidad del control fiscal en el país.
La Contraloría solicitó al DNP reconsiderar el aplazamiento propuesto y manifestó su disposición para colaborar en la búsqueda de soluciones que permiten equilibrar las necesidades fiscales del país. “Por lo tanto, es necesario dejar constancia que la implementación de esta medida de aplazamiento generaría consecuencias significativas, no solo en la efectividad de la entidad a corto y mediano plazo, sino también en la capacidad de la CGR para prevenir posibles irregularidades y garantizar la correcta utilización de los recursos del país”, dice el comunicado.
Finalmente, se hace esta solicitud a la dependencia que dirige López Maya, “En consecuencia, se solicita la reconsideración de la medida de aplazamiento para la Contraloría General de la República. Estamos dispuestos a colaborar en la búsqueda de alternativas que permitan equilibrar la situación fiscal con la necesidad de garantizar la continuidad de los proyectos críticos para el cumplimiento de las responsabilidades y metas a largo plazo de la CGR”.