Este jueves se conoció que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ratificó la condena de 16 años y 5 meses de cárcel contra Francisco Ricaurte, expresidente de la Corte Suprema y de 9 años de prisión contra el Gustavo Malo, exmagistrado de la misma corte, debido a su responsabilidad en el entramado de corrupción conocido en Colombia como el ‘cartel de la Toga’.
De acuerdo con las autoridades, Ricaurte interfirió en procesos judiciales que se adelantaban en la Corte contra Álvaro Ashton, Musa Besaile y Julio Manzur, por el caso de la ‘parapolítica’ y contra los exgobernadores de Córdoba Alejandro Lyons, y del Valle del Cauca, Juan Carlos Abadía, por otros crímenes.
“Con ese propósito, conseguía y utilizaba información privilegiada, retardaba los trámites y alteraba evidencias para obtener decisiones con apariencia de legalidad que favorecían a los que denominaba ‘clientes’ que eran en realidad beneficiarios del tráfico de influencias”, aseguró el magistrado Carlos Roberto Solórzano en una audiencia realizada en 2024.
La condena contra Malo se relaciona con los procesos de Besaile y de Ashton para interferir en su proceso por concierto para delinquir en complicidad con grupos paramilitares. Malo fue fue condenado en 2021 por ser parte de una empresa criminal para entorpecer los procesos de la Corte.
“El exmagistrado Gustavo Malo Fernández se unió a un grupo delincuencial y por el privilegio funcional que ostentaba, usó la información a su disposición para que sus co-asociados abordaran a los aforados investigados por su despacho y con exorbitantes exigencias económicas, lograran acuerdos para torpedear las actuaciones”, se asegura en el fallo.
Cabe recordar que la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia aseguró en 2024 en un fallo de 20 páginas que se le negaba la libertad condicional de Gustavo Malo, exmagistrado de dicho alto tribunal que tiene una condena por el escándalo del ‘Cartel de la Toga’.
De acuerdo con la explicación de la Corte en el texto, el “marco del derecho internacional de los derechos humanos, resulta claro que, para este asunto, el cumplimiento de las tres quintas partes de la pena puede ser insuficiente para alcanzar el objetivo resocializador de la misma”.
El alto tribunal indicó que en el caso del exmagistrado se requiere un enfoque más riguroso y prologando en el presupuesto penitenciario, ya que tiene que ver con crímenes que debilitan la integridad y dignidad del poder judicial colombiano. Por ello, se busca que no solo se garantice el reintegro de Gustavo Malo a la sociedad colombiana, sino también para proteger la confianza pública en la justicia.