La Fiscalía General de la Nación anunció el 30 de enero de 2024 que la Corte Internacional de Derechos Humanos declaró responsable a Colombia por violencia sistemática y generalizada como desaparición forzada y otros delitos.
La decisión fue tomada el 30 de enero en medio de una audiencia pública de la CIDH, en donde además el Estado colombiano admitió su responsabilidad en algunos casos como la desaparición forcada de Jhon Ubaté y Gloria Bogotá, en 1995.
“Nos encontramos aquí ante este tribunal internacional de derechos humanos para dignificar la memoria de Jhon Ricardo Ubaté y Gloria Bogotá, y reconocer que el Estado colombiano les falló”, dijo Paula Robledo, agente estatal.
De acuerdo con los testimonios de los testigos, estos hechos de violencia llevaron a la extinción del partido Unión Patriótica.
“Saludo que en la presidencia de Gustavo Petro, a un año de la sentencia del CIDH, se difunda y exista la voluntad de cumplir con la aplicación del fallo. Nunca más en nuestro país puede permitirse que el Estado en alianza con sectores de poder persiga, desaparezca, torture y asesine a un ciudadano o a una organización por sus ideas políticas”, expresó Gabo Becerra, representante a la Cámara.
Por otra parte, Heidy Sánchez, concejal de Bogotá, también celebró esta decisión, manifestando que estas acciones perjudicaron a más de 600 personas que integraban o militaban la Unión Patriótica.
“A su vez, mediante el caso 06, “victimización de miembros de la UP”. La JEP estableció que 5.733 personas fueron asesinadas o desaparecidas. Exterminio que fue materializado a través de 5 planes militares: Esmeralda (1988), Retorno (1993), Operación Cóndor (1985), Baile Rojo (1986) y Golpe de Gracia (1992)”, explicó Sánchez.
Por lo anterior, la cabildante manifestó que este fallo es histórico. “No solo a favor de las víctimas y sobrevivientes del exterminio, sino toda la sociedad colombiana y su clamor de paz. ¡Verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición!”.