La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó a 8 años y 4 meses de prisión al exmagistrado de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá, Eduardo Castellanos Roso, por los delitos de cohecho propio y soborno.
Castellanos también fue condenado al pago de una multa de 625 salarios mínimos y la inhabilidad para ejercer cargos públicos por el mismo tiempo de la condena.
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El alto tribunal determinó que Castellanos Roso estuvo involucrado en un claro caso de corrupción, al negociar información acerca de un proceso judicial al servicio del expulsado del proceso de Justicia y Paz Miguel Ángel Melchor Mejía Muñera, conocido con el alias de 'El Mellizo', y quien se presentó como desmovilizado del 'Bloque Vencedores de Arauca' de las AUC.
Durante el proceso, se probó, a través de uno de los abogados de Mejía Munera, que el exmagistrado recibió entre 2013 y 2016 dádivas de hasta 50.000 dólares para brindarle información reservada, facilitarle la actuación que se seguía en contra del exjefe paramilitar y de paso realizar maniobras dilatorias en el proceso.
“Como ponente del trámite de exclusión del postulado Mejía Múnera, el exmagistrado asintió las maniobras dilatorias de la defensa, pues sus actos de dirección y control fueron superficiales y coincidieron con unas excusas totalmente baladíes de parte de los defensores, cuando a ello hubo lugar, a más de capitalizar las situaciones carcelarias en Estados Unidos para torpedear el curso del incidente”, expresa el fallo.
También determinó la sala que para evitar el avance de la investigación adelantada por la Fiscalía, el exmagistrado sobornó al mismo abogado que le recibió dádivas inicialmente, ofreció y entregó dineros para comprar su silencio y que no colaborará ante la justicia.
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Al determinar la sentencia, el juez subrayó la traición que hizo Castellanos a sus funciones como magistrado, al adquirir su compromiso con la ciudadanía el cual se esperan las más altas condiciones jurídicas y éticas.
“Tal esperanza la traicionó cuando decidió sabotear los asuntos sometidos al escrutinio de la Sala de Justicia y Paz a cambio del dinero que, en ninguna cuantía, podrá superar el valor de aquella noble función que le fue encomendada”, enfatiza la Sala de Primera Instancia.
Al publicarse la decisión, el exmagistrado se opuso a la decisión de los magistrados, impugnando la decisión y solicitando su reclusión en el patio especial de la cárcel La Picota en Bogotá.