La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia fijó para el 8 de octubre la indagatoria del senador del Centro Democrático, Álvaro Uribe Velez, acusado de fraude procesal y soborno.

La determinación se conoció luego de que el magistrado César Reyes, quien lleva el proceso, analizó ocho cuadernos principales, nueve anexos y seis reservados cada uno máximo de 300 folios.

Desde la Sala señalaron que ya está dispuesta la práctica de pruebas que se habían pedido en el proceso y se tendrá en cuenta una nueva. Igualmente, expusieron que no hallaron motivo para excluir los contenidos de las interceptaciones telefónicas que se realizaron en algún momento.

La Sala dejó claro que no hay recurso con el que se pueda evadir el llamado a indagatoria y reiteraron que la actividad probatoria en contra del senador nunca ha sido suspendida.

Así las cosas, la diligencia se llevará a cabo a las 8:00 de la mañana en las instalaciones de la Sala de Instrucción que están ubicadas al norte de la capital del país y se realizará únicamente ante el magistrado ponente, que en este caso es Reyes.

El proceso contra Uribe

Pasó un poco más de un año para que el llamado de indagatoria al que fue citado el senador del Centro Democrático tuviera una fecha fija, si bien, inicialmente se había dicho que se realizaría en septiembre pasado esta no se surtió por decisión del alto tribunal.

En julio de 2018 el senador fue llamado ante los tribunales luego de que la corporación absolviera al también senador Iván Cepeda, acusado por Uribe de falso testimonio y determinara abrir un proceso en su contra. 

Desde que la Sala Penal del alto tribunal tomó dicha determinación con ponencia del expresidente de la Corte, José Luis Barceló, el proceso no avanzó lo suficiente por el contrario estuvo viciado de nulidades y recusaciones que se han resuelto a lo largo del año.

Barceló, quien dejó la corporación porque culminó su periodo, dijo el 24 de julio de 2018 que Uribe Vélez tendría garantías procesales como cualquier otro congresista o persona con fuero que ha llamado el alto tribunal. 

En ese entonces, la noticia sobre el llamado a indagatoria le cayó como un baldado de agua fría a Uribe y todos sus seguidores, incluso llegó a poner en duda si continuar o no como miembro del Congreso de la República. El 30 de julio luego de decidir seguir adelante con su labor como senador recusó al magistrado Barceló dado que a su juicio no había derecho a la defensa. 

Días más tarde desistió de la recusación y anunció que atendería a los llamados del alto tribunal que en un principio estaban programados para el 3 de septiembre de ese año.

Cuando entró en vigencia la nueva Sala Especial de Instrucción su expediente fue remitido a esta y en abril pasado llegó a manos de la magistrada Cristina Lombana, quien ha estado criticada y asediada por las constantes recusaciones en su contra, pues a juicio de los demandantes, la jurista fue subalterna del hoy senador cuando fungió como Presidente de la República, pues ella hacía parte de las Fuerzas Militares y eso le quitaría parcialidad al estudio del expediente. 

Luego de una sarta de recusaciones, ocurrió lo que no se esperaba la magistrada, sus compañeros de Sala decidieron aceptar las acciones en su contra y apartarla del proceso del expresidente. Desde ese momento, Lombana emprendió una lucha incansable por conocer de los procesos de Uribe, a juicio de ella, porque con tal determinación le vulneraban los derechos al buen nombre, la honra y el debido proceso. 

Pese a que Lombana ha hecho lo jurídicamente posible para seguir con el proceso del senador éste fue retirado de su despacho y entregado el 20 de mayo de este año al magistrado Reyes Medina.