El presidente Iván Duque aseveró este jueves que "cualquier amenaza a la libertad de prensa debe ser objetada", en medio del debate que se vive en el país por cuenta de un polémico artículo incluido en el proyecto de ley anticorrupción que aprobó el Congreso.

"Como firmante y defensor de la Declaración de Chapultepec es un deber incuestionable la defensa de la libertad de prensa. Así de claro es el artículo primero de dicho maravilloso documento. Cualquier amenaza a ese principio debe ser objetada", escribió el Mandatario, aunque evitó hacer referencia directa a la norma.

La iniciativa, cuyo ponente fue el representante César Lorduy, penaliza en su artículo 68 la injuria y calumnia contra funcionarios o exfuncionarios públicos.

Según la nueva disposición, "cuando quien profiera injuria o calumnia en contra de un funcionario o un exfuncionario público o sobre su familia, sea representante legal o miembro de cualquier organización comunitaria, el juez de control de garantías, ordenará a la autoridad competente que, previo cumplimiento de los requisito legales establecidos para ello, proceda a la suspensión o cancelación de la personería jurídica de la organización comunitaria a la que pertenece, en los mismos términos del artículo 91 de la Ley 906 de 2004".

Lo anterior ha sido visto por un ataque al ejercicio de la libertad de prensa, la libertad de expresión y el derecho a la información de los colombianos, por parte de organizaciones de medios de comunicación y sectores políticos.

"No entendemos qué relación tiene una disposición así con el objeto de la ley. La tipificación de los delitos de injuria y calumnia y la responsabilidad penal y civil extracontractual derivada de la comisión de los mismos aplica para todos quienes cometan esos actos en Colombia, sean o no funcionarios o ex funcionarios públicos o sus familiares, por lo que no se entiende tampoco la creación de un régimen especial o privilegiado en caso que los sujetos pasivos de tales delitos fueran estas personas", advirtieron en un comunicado conjunto las agremiaciones AMI y Asomedios.

La representante a la Cámara Juanita Goebertus argumentó que lo aprobado limita la libertad de expresión y el derecho a la oposición.

"El debate debe darse en democracia y de ninguna manera a través de la persecución penal. Si no se elimina en la conciliación, procederemos ante la Corte Constitucional para que lo declare inexequible", aseveró en días pasados.

Por su parte, el también representante Germán Navas Talero aseguró que el artículo es un 'mico' "que pretenden colgarle a esta nueva ley anticorrupción, lo que realmente quieren es intimidar a la prensa. Señores: si no hubiese sido por la prensa, esta sería la hora en la que el país no se habría enterado sobre los 70 mil millones que nos 'abudinearon'".

El proyecto fue aprobado por la plenaria de la Cámara el pasado 7 de diciembre, pero deberá pasar la conciliación con el Senado para llegar a manos del presidente Duque, quien podrá decidir si lo sanciona o lo objeta.