El pasado sábado, 10 de febrero, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, declaró emergencia carcelaria para evitar que se sigan cometiendo actos de violencia contra guardianes y funcionarios carcelarios. El detonante: el crimen de un dragoneante a las afueras de la cárcel La Ternera de Cartagena.
Pero no solo fue el asesinato del dragoneante lo que prendió las alarmas, pues ese mismo sábado, Tuluá vivió una fuerte ola de violencia, la cual sería planeada desde los centros penitenciarios. Así lo reveló la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, tras el último consejo de seguridad en ese municipio.
Así las cosas, no fue hasta este lunes que el ministro Osuna confirmó la declaratoria de emergencia carcelaria ante el país. De acuerdo con el director del Inpec, coronel Daniel Gutiérrez, esto buscará “tomar medidas urgentes, contundentes, con la intención de evitar hechos de violencia”.
Por su parte, el Ministro de Justicia argumentó: “Por unanimidad, hemos declarado la emergencia carcelaria en todo el país. Esta emergencia carcelaria obedece, por una parte, al incremento y materialización de amenazas y de algunos homicidios de guardianes del Inpec, que han tenido lugar en los últimos días en distintos lugares del país; y a la amenaza de atentados contra la seguridad, contra la vida y contra la libertad personal del Inpec”.
Es de resaltar que esta es la cuarta vez en que el Gobierno se ve en la obligación de hacer este tipo de declaratoria. Según informó la revista Semana, en años anteriores, las prisiones del país mantuvieron en vilo al sistema penitenciario y judicial.
Así las cosas, 125 centros penitenciaros, los cuales son administrados por el Inpec, quedarán bajo la lupa del Gobierno. La crisis que se vive al interior de estos se debe, en gran medida, a que ya sobre paso la capacidad de reclusos, teniendo en cuenta que el aforo es solo para 81.740 privados de la libertad, pero en la actualidad albergan a 101.976.
Seguridad para los guardianes
Varios mandatarios al rededor del país han solicitado la protección de los guardianes del Inpec, quienes han sido objeto de ataques terroristas en diferentes municipios.
Uno de los mandatarios que ha mostrado su preocupación ante ello, es la alcaldesa de Ibagué, Johana Aranda, quien lideró un consejo de seguridad con el propósito de solicitar la protección permanente de dichos funcionarios.
La alcaldesa solicitó a la Fuerza Pública y demás autoridades, “continuar en constante comunicación para brindar la protección oportuna a los funcionarios, como también con el acompañamiento del Ejército en el momento de las remisiones de reclusos”.