Cuatro realidades del conflicto en el país, según el informe final de la Comisión de la Verdad

Un poco más de 50 años de guerra en el país dejaron un crudo legado de sangre y horror. Las personas del común fueron sus principales víctimas, el narcotráfico, su principal combustible, y el modelo de seguridad ineficaz para combatirlo. A estas conclusiones, que están plasmadas en el informe final, llegó la Comisión de la Verdad tras cerca de cuatros años de trabajo para encontrar una verdad que aún esperan las víctimas.

Con la premisa “Hay futuro si hay verdad”, la Comisión construyó este informe, cumpliendo con el mandato que le fue encomendado en el Acuerdo de Paz firmado en 2016 entre el Gobierno y las Farc en 10 capítulos, miles de páginas y cientos de recomendaciones.

Su contenido habla de lo que fue la violencia en el país entre 1958 y 2016, no con el objetivo de contar la historia de Colombia, sino “la entrada a una conversación sin miedo, sobre la nación que somos y el Estado que hemos venido construyendo”, como lo ha explicado el presidente de la Comisión, Francisco de Roux, desde la presentación al país de este documento, el pasado martes.

Lea aquí: El alto costo para Colombia de tener maestros con contratos temporales

El informe no tiene como objetivo esclarecer la verdad judicial de lo que ha ocurrido en el país en el marco del conflicto, pues eso es función de entidades como la Jurisdicción Especial para la Paz, sino que busca construir un relato que podamos compartir todos los colombianos sobre las causas y consecuencias del conflicto.

Estas son algunas de las principales conclusiones a las que llegó la Comisión:

“Este es un conflicto armado que durante décadas ha tenido como víctima principal a la población civil, porque se ha desarrollado en medio de ella y porque controlar a la población se convirtió en la manera de tener poder sobre el territorio y el país. Conforme se fue dando la agudización del conflicto armado, la guerra fue afectando cada vez más a la población y a los territorios”, de esta manera el informe explica cómo la guerra se ensañó contra la población civil.

Lo anterior se ve reflejado en cifras. El conflicto entre 1986 y 2016, dejó 450.666 muertos, siendo el periodo entre 1995 y 2004 él más álgido del conflicto, pues en este se presentaron la mitad de las víctimas totales (45%).

Dentro de estas víctimas el informe indica que cerca del 80% de las personas que murieron en el conflicto fueron civiles y el 20% combatientes.

Frente a los responsables de estas muertes el informe indica que los grupos paramilitares asesinaron a 205.028 personas (45%), las guerrillas a 122.813 personas (27%), y los agentes estatales 56.094 personas (12%).

El informe también revela que alrededor de 50.770 personas fueron víctimas de secuestro y toma de rehenes en el marco del conflicto armado entre 1990 y 2018; se presentaron 16.238 casos de reclutamiento, de niños, niñas y adolescentes a lo largo del país; y más de siete millones de desplazamientos forzados, entre otros hechos victimizantes.

Lea además: Duque asegura que no permitirá el ingreso de Nicolás Maduro al país para posesión de Petro

Dentro de las conclusiones a las que llegó la Comisión de la Verdad se encuentra también que el narcotráfico debe verse como un protagonista del conflicto armado colombiano, como un factor de persistencia y como una fuerte influencia sobre la política y la economía del país.

“Todos los actores involucrados en el conflicto armado de manera directa o indirecta han tenido relaciones con el narcotráfico y estas relaciones han sido determinantes en el rumbo de la guerra, su degradación y desenlaces, y especialmente en su continuación”, dice el informe.

Lo anterior lo explica el documento indicando, por ejemplo, que cada actor armado participó de manera diferente en ese proceso, en distintas épocas. Por ejemplo, ante el crecimiento de las Farc y su decisión de involucrarse con el narcotráfico cambió la relación entre dicha guerrilla y las comunidades, y llevó a un aumento de la violencia y el control.

Por su parte, el paramilitarismo construyó una relación orgánica con el narcotráfico y lo convirtió en una bisagra entre el crimen y el poder, con el fin de defender sus intereses y cooptar las etapas más rentables del negocio.

Bajo esta línea el informe dice además que el narcotráfico ha tenido en Colombia un profundo impacto en la estructura de la tenencia y el uso de la tierra, en el impacto en la naturaleza y en la estigmatización de las poblaciones asociadas al cultivo.

“Colombia debe asumir la profundidad de este fenómeno y sus efectos sobre la construcción de la economía y del Estado, pero también sobre la cultura, dimensión en la que ha tenido un impacto muy relevante dada la degradación del conflicto. Estos efectos han anulado la convivencia como parte de una cotidianidad que, tanto en los territorios como en el sistema político, está fuertemente marcada por la ilegalidad”.

Otra de las conclusiones a las que llegó el informe es que el sistema de seguridad que está vigente en el país, a pesar de todos los ajustes que se le han hecho y del Acuerdo de Paz, no ha logrado brindar seguridad ni a los ciudadanos, ni a las instituciones, ni a la naturaleza ni a la economía.

El documento dice además que las violaciones de los derechos humanos y las infracciones al derecho internacional humanitario (DIH) han afectado directamente al menos al 20% de la población colombiana.

Ante este panorama el informe concluye que el Estado ha entregado la seguridad al Ejército y a la Policía militarizada, cuando si bien es necesaria la intervención militar en casos críticos en los que aún sigue del conflicto la mayoría de los elementos de la seguridad no deben ser militares.

“El diseño de seguridad debería partir de la vida cotidiana de la gente y de sus líderes sociales, pasar desde allí a las instancias civiles del Estado, gobernadores y alcaldes, que deberían poner el foco en proteger las formas como la gente quiere vivir, y desde ese foco el presidente de la República debería orientar a la Policía para proteger los ciudadanos, sus familias y comunidades”, propone el informe.

Lea aquí: Colombia y Uruguay firman tratado de extradición en lucha contra el crimen

Para la Comisión en Colombia existe un déficit de justicia histórico, generalizado y permanente respecto a las violaciones producidas contra millones de víctimas en el conflicto armado colombiano.

“La ausencia de respuestas institucionales para hacer justicia frente a las atrocidades del conflicto se convirtió en uno de los factores de persistencia decisivos de la violencia que experimenta el país. La impunidad que se despliega como un círculo vicioso es causa y a la vez consecuencia de las violaciones derivadas del conflicto”, explica el informe.

Bajo esta línea el informe explica que la impunidad se ha tejido a lo largo de los años por diferentes factores. Entre estos se encuentran la baja respuesta institucional a las víctimas, especialmente en casos de derechos humanos; y la corrupción y la cooptación de las instituciones para neutralizar investigaciones del conflicto, entre otros factores.