Por medio de una carta, David Murcia Guzmán, pidió al presidente de la República Gustavo Petro, una audiencia para exponerle las acciones que tiene previstas para ayudar a más de 200 mil familias vinculadas a DMG, las cuales, con el concurso del gobierno y en el marco de los programas sociales, podrían ser implementadas de manera inmediata.

A través de su misiva, Murcia Guzmán se puso a disposición del gobierno en el marco de la Paz Total, en las mismas condiciones de los gestores y los voceros de paz. “La solución del conflicto en Colombia no se debe limitar a la participación de las personas pertenecientes a los grupos armados al margen de la ley, sino que también debe involucrar la problemática económica y a sus actores”, dice el comunicado.

David Murcia Guzmán llegó el 25 de junio de 2019 al aeropuerto El Dorado, desde Estados Unidos para terminar de cumplir su condena en una prisión de Valledupar. | Foto: COLPRENSA ©

Murcia señaló que los tarjeta habientes consideran que las sumas de dinero y los activos que les han sido entregados en el marco de la liquidación, además de ser ínfimos, han estado representados en pequeñas cuotas partes de activos que, en lugar de restituir o reparar, les ha generado problemas de toda índole, incluso tributarios.

“La ayuda por parte de David Murcia Guzmán a los afectados por el cierre de DMG por parte del Gobierno no se limitará al esclarecimiento de los números en el marco de la liquidación”.

El comunicado agrega: “con la plena convicción que tiene de que quienes algún día se presentaron a la liquidación en calidad de acreedores, son ahora, como ellos mismos se autodenominan, ‘víctimas de la liquidación de DMG’, Murcia se siente en la necesidad de generar alternativas que generen riqueza enfocadas a aquellos que algún día depositaron su confianza en DMG, para que puedan recuperar lo que por vía judicial les ha sido imposible”.

Mientras que Santiago Morales, abogado defensor del condenado por lavado de activos reiteró su llamado a Gustavo Petro para seguir el mismo camino de Salvatore Mancuso y tener la misma designación (gestor de paz).

Esto se da después del anuncio de Petro de designar como gestor de paz a Salvatore Mancuso. “Presidente, reiteramos la solicitud de David Murcia para ser gestor de paz. Al igual que el proceso con los paramilitares, la nefasta liquidación de DMG tampoco ha concluido”, sostuvo Santiago Morales en su cuenta de Twitter.

El exparamilitar Salvatore Mancuso fue designado como “gestor de paz” por el presidente Gustavo Petro. | Foto: Foto Presidencia y pantallazo audiencia JEP

Morales también aseguró que los derechos humanos de Murcia fueron vulnerados en varias oportunidades y que él ya cumplió la pena en Estados Unidos por lavado de activos.

“Señor Presidente, teniendo claro mi panorama en materia penitenciaria y carcelaria, y habiéndome expresado mi intención de contribuir a la reparación de los afectados por parte del Gobierno, tanto en el marco del proceso de la nefasta liquidación de DMG, como a través de nuevas iniciativas, le solicito de manera respetuosa ordenar a quien corresponda garantizar mis derechos procesales en pro de los afectados al interior del proceso de liquidación de DMG y de otras sociedades vinculadas”.

El caso DMG

Cabe recordar que David Murcia, dueño del Grupo DMG, engañó a cerca de un millón de personas que confiaron en rentabilidades absurdas por medio de ‘pirámides’. Incluso, muchos vendieron casas, carros y propiedades esperando obtener las jugosas ganancias que les prometió Murcia, quien purga condena en una cárcel de Valledupar por la captación ilegal de alrededor de $70.000 millones.

Junto con esa condena debió cancelar una multa de 25.700 salarios mínimos por los delitos de captación masiva y habitual de dineros y lavado de activos.

Joanne Ivette León Bermúdez, esposa de David Murcia Guzmán, en diciembre de 2018, tras una decisión del juez sexto del Circuito Penal Especializado de Bogotá.

También fue condenada por lavado de activos, Joanne Ivette León Bermúdez, esposa de David Murcia Guzmán, en diciembre de 2018, tras una decisión del juez sexto del Circuito Penal Especializado de Bogotá.