Uno de los procesos judiciales más complejos que existe en Colombia vincula a Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del presidente Gustavo Petro Urrego, hecho que sin a lugar a dudas llama la atención de los medios de comunicación.
En medio de la expectativa, si Petro Burgos materializa un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación, en el que reconocería su participación en los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, otra historia se genera por fuera de los reflectores mediáticos.
El reconocido juez especializado de Barranquilla, Hugo Carbonó Ariza, quien lleva la causa contra el hijo del presidente, no cuenta con un esquema de seguridad. Esto pese a que la misma Unidad Nacional de Protección, UNP, calificó su nivel de riesgo como “extraordinario”, a raíz de este proceso y otros de connotación nacional.
Todo se debe a que queda claro en el informe fechado el 22 de octubre, que la UNP registró que en la Fiscalía existe una “denuncia activa por el delito de amenazas” contra el juez segundo penal del circuito especializado de Barranquilla.
De ahí que la entidad, adscrita al Ministerio del Interior y que tiene como una de sus funciones proteger la vida e integridad de los funcionarios que tengan un riesgo, manifestó la necesidad de un esquema de protección especial para el juez Carbonó Ariza.
Además, los integrantes de la banda criminal Los Rastrojos Costeños declararon en una audiencia pública al juez como “objetivo militar”. Pese a esto, desde hace un año, la Fiscalía General no toma acciones para salvaguardar la vida del funcionario, menos establece medidas de seguridad para que cumpla a cabalidad sus labores.
Por la grave situación y las situaciones que se han presentado recientemente, la Procuraduría General le envió una comunicación “urgente” al director general de la UNP, Augusto Rodríguez Ballesteros con el fin de que “le asigne medidas de protección acordes con el nivel de riesgo y resultado en la calificación” al juez.
En la comunicación escrita, firmada por el procurador delegado para la defensa de los derechos humanos, Javier Augusto Sarmiento, le solicita a la UNP “garantizar la integridad física y personal” del funcionario judicial.
Por su parte, en una comunicación dirigida al Consejo Superior de la Judicatura, el pasado 6 de noviembre, le pidió evaluar el informe de la UNP y tomar medidas para garantizar su vida.
“Actualmente, solo cuento con un escolta asignado y un chaleco antibalas por parte de la UNP sin carro blindado, a pesar de la gravedad de los hechos”, señala el documento firmado por el juez.
También se conoció que en la resolución 011069 de 2024 se pone de presente la grave situación de seguridad que afronta el funcionario judicial por las evidentes amenazas que ha recibido.
“El señor Hugo Junior Carbonó Ariza continua en una situación de riesgo específica, en el desarrollo de las actividades de campo adelantadas”, advierte la resolución.
Por su trabajo y los procesos complejos que tiene en su despacho, el juez puede ser víctima de ataques contra su integridad personal, como fácilmente han comprobado las autoridades.
“En cuanto a la situación de riesgo específica del señor Hugo Junior Carbonó Ariza, está asociada a su condición poblacional la cual ostenta por ser juez segundo penal del circuito especializado de Barranquilla (Atlántico), donde cuenta con un perfil alto”, asevera uno de los apartes de la resolución.
Debido a esto, y “en el desarrollo de sus funciones y con sus decisiones puede afectar los intereses de terceros y/o particulares, con capacidad de generar daño”.
El juez, según se ha acreditado, tiene que realizar desplazamientos urbanos y rurales en la ciudad de Barranquilla “donde existe presencia de grupos armados ilegales”, como bien informa la misma fuerza pública.
En esa actuación judicial se podría conocer el futuro de las negociaciones a las que habría llegado el exdiputado con su nuevo equipo jurídico.