A través de una misiva de dos páginas, el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, le solicitó al Ministerio de Educación que se priorice el funcionamiento de los internados para niños, niñas y adolescentes con el fin de evitar casos de reclutamiento.
A juicio del órgano defensor, tan solo en 2020 se documentaron 83 casos de menores reclutados en el país, en los que las víctimas fueron menores que oscilaron entre 8 y 18 años (33 % menores de 14 años), así como también se identificó que el 59 % eran hombres, con 49 casos, 20 eran indígenas, dos afrodescendientes y en 61 hechos, no se obtuvo información.
“La Defensoría del Pueblo observa con gran preocupación el incremento en el riesgo de reclutamiento la cual se ha evidenciado durante la pandemia generada por el covid-19 y que coincide particularmente con el cierre de instituciones educativas”, aseguró Camargo.
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Argumentó que la situación económica de las comunidades se vio afectada por el aislamiento y por la escasez de alimentos, por lo que a su juicio, “es necesario anotar que dicha medida, aunada al empobrecimiento de las familias que devengan su sustento de la economía informal y a la falta de oportunidades que implica la recesión económica, dan lugar, según lo que hemos podido observar, a un ambiente que facilita que los Grupos Armados Organizados desarrollen sus actividades de reclutamiento entre los niños y niñas más vulnerables”.
Por lo anterior, Camargo solicitó que, de forma conjunta, adelanten las gestiones necesarias para priorizar el funcionamiento, bajo todas las medidas de bioseguridad necesarias, de los internados y residencias estudiantiles de niños y adolescentes, dado que este tipo de instituciones contribuyen de forma significativa a proteger y prevenir hechos de reclutamiento de menores de edad.
En ese sentido reseñó que en departamentos como el Meta, hay 69 internados en los que se forman académicamente 4000 niños, sin embargo, por la pandemia dichos establecimientos permanecen cerrados. De igual forma, en Guaviare hay 48 internados también conocidos como residencias escolares, en los que se cuenta con una capacidad de atención para 3820 menores, que también permanecen cerrados.