La Fundación para el Estado de Derecho (FEDe. Colombia) presentó una demanda contra la Sociedad de Activos Especiales (SAE) por “incumplir con su deber de gestionar los bienes públicos de manera eficiente y transparente”.
Uno de los problemas identificados por la FEDe es la falta de acción de la SAE para recuperar los bienes que han sido ocupados ilegalmente y que se encuentran bajo su administración.
“Aunque la SAE tiene amplias facultades para recuperar estos bienes, no ha cumplido sus funciones. Esto ha resultado en un deterioro de su valor y en pérdidas económicas significativas para el patrimonio público. Según informes de la misma SAE, existen más de 16.684 bienes en esta situación, sin generar rentabilidad ni beneficios para la sociedad”, señaló la Fundación a través de un comunicado.
Para la entidad, lo que demuestra la falta de acciones para recuperar dicho bienes por vía administrativa o judicial, es una negligencia que ha permitido que particulares se beneficien de recursos que deberían estar al servicio de la comunidad.
Andrés Caro, director de la Fundación para el Estado de Derecho, aseguró que “la demanda busca la protección de los derechos colectivos a la defensa del patrimonio público y a la moralidad administrativa”.
Un ejemplo para FEDe, es la Hacienda Santa Elena, en Caucasia, la cual fue invadida desde abril de 2024 y hasta el momento no ha sido recuperada
“Además de esta situación, la SAE tampoco ha gestionado de manera eficiente los contratos de arrendamiento. Esto se refleja en una disminución del recaudo de contratos bajo administración directa y en un aumento de la cartera de difícil cobro. La Contraloría General y auditorías internas de la SAE han alertado sobre esta situación”, señaló la fundación.
La SAE tampoco ha realizado un seguimiento adecuado sobre los responsables de administrar los bienes, incluso algunos, según indica la fundación, no han presentado los informes de gestión requeridos para conocer el estado de los bienes.
“Se han encontrado casos en los que los depositarios han utilizado estos bienes para fines personales, o han permitido su deterioro por falta de mantenimiento. Algunos depositarios no constituyeron las garantías legales exigidas para el cumplimiento de sus funciones, y la SAE no les exigió estas pólizas antes de entregarles la administración de las sociedades, poniendo en riesgo los activos”, afirmó la entidad.