La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes inició el trámite de una denuncia contra la fiscal general de la nación, Luz Adriana Camargo, ante su decisión de suspender órdenes de captura contra miembros del frente 36 de las disidencias de las Farc.
La denuncia, presentada por el ciudadano Santiago Suárez Morales, señala que la fiscal habría actuado en contra de las políticas de seguridad y justicia del Estado, al justificar la suspensión como parte de las negociaciones con grupos armados ilegales.
El denunciante afirmó: “Es fundamental que cualquier actuación relacionada con excombatientes de las Farc se realice dentro del marco legal establecido en el Acuerdo de Paz, garantizando así la implementación efectiva de los mecanismos de Justicia Transicional”.
Entre los líderes beneficiados con la suspensión de órdenes de captura se encuentran: Carlos Eduardo García Téllez, alias Andrey; Yeison Alexis Ojeda Gilón, y Erlinson Echavarría Escobar, entre otros. La medida también incluyó a miembros del Clan del Golfo que participan en conversaciones jurídicas con el Gobierno.
La Fiscalía justificó la decisión en un comunicado oficial, asegurando que busca “promover el diálogo y la negociación con las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo para alcanzar la paz estable y duradera”. Sin embargo, esta postura ha generado controversia.
Suárez Morales criticó que la suspensión de capturas afecta los esfuerzos por garantizar justicia a las víctimas: “Fue inconstitucional que el 23 de julio del 2024 la fiscal emitió esta solicitud de liberación. Estas personas fueron capturadas en flagrancia. La actuación de la fiscal contraviene el principio de legalidad, consagrado en el artículo 250 de la Constitución Política. Los fiscales deben actuar con imparcialidad y respeto a la ley. La solicitud representa una clara transgresión a este principio fundamental”, declaró.
Los representantes investigadores, Leonardo Gallego, del Partido Liberal y Carlos Cuenca, de Cambio Radical, serán los encargados de darle seguimiento a los hechos. Además de que, ellos fueron los encargados de citar al denunciante, el próximo 10 de diciembre, para que declare y ratifique dicha denuncia, y partir de los soportes determinarán si la fiscal incurrió en una posible violación a la Constitución y al Código Penal.