El pasado viernes, 22 de noviembre, el Departamento de Estado de los Estados Unidos anunció la prohibición de la entrada a ese país del general (r) Mario Montoya Uribe, excomandante del Ejército colombiano y de toda su familia, por estar involucrado en el caso de los mal llamados “falsos positivos”.
En ese sentido, el secretario de Estado, Antony Blinken, por medio de un comunicado reconoció el trabajo de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en su lucha contra la impunidad por los crímenes relacionados con el conflicto armado en el país. A la vez, explicó las razones de la responsabilidad del antiguo uniformado en ejecuciones extrajudiciales de civiles, las cuales fueron reportadas erróneamente como bajas en combate.
El Departamento de Estado destacó las pruebas creíbles que vinculan a Montoya con la comisión de estos crímenes y reiteró su compromiso con el respaldo a la implementación del Acuerdo Final de Paz en Colombia, así como a los esfuerzos de la JEP para brindar reparación a las víctimas del conflicto armado.
Asimismo, la autoridad norteamericana señaló que el excomandante del Ejército Nacional fue incluido en su lista de “personas vinculadas con graves violaciones a los derechos humanos”.
En 2023, la JEP imputó a Montoya como responsable de crímenes de guerra y lesa humanidad por más de 130 asesinatos de civiles, ocurridos entre 2002 y 2003, cuando lideraba la IV Brigada del Ejército Nacional. Estas muertes fueron presentadas como bajas en combate en el oriente antioqueño, pero las investigaciones han revelado que en realidad fueron ejecuciones extrajudiciales.
Montoya no ha reconocido su responsabilidad por los crímenes imputados, y sus intentos de apelar las decisiones de la JEP fueron rechazados. Ahora, su caso será remitido a la Unidad de Investigación y Acusación, que determinará si procede un juicio adversarial transicional.
Y en caso de ser hallado culpable, el general retirado podría enfrentarse a una condena de hasta 20 años de cárcel.
Por último, el Departamento de Estado reafirmó su apoyo a la justicia transicional en Colombia, enfatizando que su respaldo a la JEP es clave para poner fin a la impunidad y asegurar una paz sostenible y duradera en el país.
*Con información de Colprensa y redacción de El País