El inicio del aislamiento inteligente, a partir del 1 de junio, el mismo mes en que se proyecta el inicio del mayor pico de contagio, será un reto grande para el Gobierno Nacional, así como para todos los mandatarios locales.

El Presidente ha dicho que la autonomía que tienen los alcaldes y gobernadores en sus territorios será clave para disminuir los riesgos de propagación del virus.

Serán ellos los que se encarguen de ajustar en sus territorios los lineamientos generales que ha dado el Gobierno central alrededor de las medidas de bioseguridad que deben tener sectores que van a reabrir después del primero de junio. Deberán tener en cuenta variables como la densidad poblacional, contagios por número de habitantes, capacidad de reacción del sistema de salud, entre otros aspectos.

De esta manera quedará sobre los hombros de los alcaldes y gobernadores gran parte de la responsabilidad de lo que ocurra con la pandemia en sus municipios o departamentos.

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Por ahora, ciudades como Bogotá, en cabeza de la alcaldesa Claudia López, Medellín, de la mano del alcalde Daniel Quintero, y Cali, con Jorge Iván Ospina, han venido mostrando avances en la preparación del sistema de salud, implementación de medidas sanitarias y preparación tanto para los picos de contagio como para la reapertura programada a partir del primero de junio. Sin embargo, no ha pasado lo mismo en territorios como Amazonas o Cartagena, donde el Gobierno Nacional tuvo que intervenir para frenar el aumento exponencial de contagios de Covid-19.

Para la analista política Bibiana Clavijo, si bien habrá mandatarios locales que se destaquen por la forma en que manejen la crisis y pongan sobre la mesa otra vez el tema de la descentralización, también se verá reflejada la pertinencia de que haya un Gobierno central que llegue a reforzar aquellos territorios en los que haya necesidad, porque no tienen sistemas de salud fuertes o una gran estructura social.

“Habrá municipios que en razón de la pandemia van a tener mayores necesidades, mayores requerimientos de apoyo del Gobierno central, lo cual es previsible, y no quiere decir que la estrategia falle, quiere decir que las necesidades son distintas en razón de las posibilidades que tienen los municipios”, dice la analista.

Carlos Medina, profesor de ciencias política de la Universidad Nacional, señala que la estrategia del presidente Iván Duque es acertada, en la medida en que hay un equilibrio entre el poder que tiene el Gobierno Nacional y el que tienen los mandatarios locales, porque hay problemas estructurales que impiden que algunos territorios actúen de forma independiente o que la administración central actúe sola.

Medina resalta que es importante el seguimiento del Gobierno Nacional a los recursos que se están utilizando para la atención de la pandemia, que en su mayoría proviene de las regalías a las que tienen derecho los entes territoriales.

Para el experto, la coyuntura creada por la pandemia no aceleraría el debate sobre la descentralización en el país, debido a que queda en evidencia que no todos los municipios y departamentos están en iguales condiciones de asumir la responsabilidad que implica este tipo de gobernanza, tales como impulsar la economía, responder por los derechos de las comunidades, generar empleo, entre otros.

“Estos municipios suelen vivir a través de recursos que les trasfiere el Gobierno central a través del sistema general de regalías, para atender actividades que son fundamentales para la creación de las condiciones de bienestar de los ciudadanos que habitan esos territorios”, señala.
 
Agrega que “no es un problema de centralización administrativa ni de descentralización económica sino de que muchos de los municipios no tienen como sostenerse si no cuentan con el apoyo central”.

El analista Jairo Libreros dice que “las entidades territoriales no son entidades minusválidas o menores de edad como para que la tutela siempre la tenga la Presidencia de la República”.

“Además, las autoridades locales gozan de autonomía y han demostrado que pueden conducir las actividades políticas y económicas en sus municipios y departamentos. Creo que es una decisión acertada que les devuelve a los alcaldes y gobernadores la capacidad de tramitar los asuntos locales de una manera autónoma”, señala Libreros.

La ministra del Interior, Alicia Arango, pese a que no se ha iniciado el aislamiento inteligente, llamó la atención a algunos mandatarios que han venido tomando decisiones de manera arbitraria y en contra de los lineamientos que ha establecido el Gobierno Nacional.

Arango hizo énfasis en que no se puede abrir casinos, terminales de juego, sitios de entretenimiento, bares ni restaurantes. Los alcaldes y gobernadores deben coordinar las estrategias de reapertura con las entidades de orden nacional y siguiendo los decretos presidenciales emitidos en el marco de las dos emergencias económicas, sociales y ecológicas firmadas por el Presidente Duque.

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Respaldo
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Luego de que el Gobierno Nacional expidiera el Decreto legislativo por medio del cual se establecen medidas para la gestión tributaria, financiera y presupuestal de las entidades territoriales en el marco de la Emergencia Económica, Social y Ecológica, varias voces de apoyo se han conocido.

La Asociación de Ciudades Capitales, Asocapitales consideró que estas facultades otorgadas son “medidas muy acertadas para las finanzas territoriales, que permitirán mitigar los impactos financieros y económicos generados por la ocurrencia de esta situación atípica que estamos viviendo, con la propagación del Covid-19.

Los alcaldes también estiman que con las medidas adoptadas por el Gobierno, las entidades territoriales podrán tener mayor flexibilidad financiera al autorizar la reorientación de algunas rentas para la atención, e incluso para financiar gastos de funcionamiento. Se superan limitaciones de tipo presupuestal para orientar los recursos de acuerdo con la urgencia.

“Se dan herramientas para recuperar cartera a través de la disminución del capital, sanciones e intereses para deudores de las entidades territoriales, permitiendo a su vez, crear alivios para los ciudadanos frente a sus obligaciones de distinta naturaleza y, crea un marco de legalidad que ofrece mayor seguridad jurídica para quienes tienen a su cargo la ejecución de todas estas políticas contracíclicas de inversión, por parte de las entidades territoriales”, dice Asocapitales.