"Ejecutamos a inocentes, a campesinos del Catatumbo", reconoció exmilitar ante la JEP

Frente a frente y a pocos metros de distancia víctimas y victimarios se encontraron en Ocaña, Norte de Santander, en el primer acto de reconocimiento hecho por la JEP en los procesos que adelanta por violaciones a los derechos humanos en el marco del conflicto armado en el país.

Por un lado estaban más de 30 víctimas vestidas con camisetas negras con el mensaje: "¿Quién dió la orden?". Del otro, 10 exmilitares y un civil que empezaron a reconocer su responsabilidad en 120 ‘Falsos Positivos’ que ocurrieron en Catatumbo, Norte de Santander.

La diligencia, que marca un hito para la paz en Colombia, inició con la presentación de las víctimas, comparecientes y abogados, entre otros y ha tenido una dinámica de 30 minutos de intervención para las víctimas y 20 para los comparecientes.

El primero en reconocer públicamente su participación en los ‘falsos positivos’ que ocurrieron en el ‘Catatumbo’ fue el suboficial retirado Néstor Guillermo Gutiérrez, cabo primero durante la época y excomandante de escuadra en la Brigada Móvil 15.

"Reconozco mi responsabilidad a título de coautor en los crímenes y homicidios que cometí. No es fácil estar acá frente a las víctimas. No voy a justificar lo que hice, porque cometí delitos. Asesinamos personas inocentes, campesinos”, dijo Néstor Guillermo Gutiérrez.

Bajo esta línea explicó que que entre 2007- 2008 lo que ocurrió con los ‘falsos positivos’ era un fenómeno criminal, pero que este no sucedió solo en esa época. “No únicamente fue en esa época, eso ya era como una política que se llevaba dentro de las filas, no todos los militares ni toda la institución, porque hay gente buena, pero también, como vimos, gente mala", dijo el exmilitar.

En su declaración Gutiérrez dijo que en esos momentos había una presión para dar resultados, y detalló cómo llegó a un burdel y elaboró una lista de personas con nombres que la administradora le dio. “Los grupos de guerrilla no los encontrábamos, pero había que dar los resultados”.

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Esta lista, explicó, tenía registradas a unas 15 personas, las cuales “empezamos a ejecutar a los inocentes, a los campesinos de la región. Yo en ese momento no pensaba en el daño que estaba haciendo, en ese momento no medía las consecuencias”.

Agregó que maquinaron un teatro para mostrar un supuesto combate, por la presión que había de los altos mandos. “Yo ejecuté, asesiné familiares de los que están acá, llevándolos con mentiras, con engaños. Disparándoles, asesinándolos cruelmente y poniéndoles un arma para decir que era un combate, que eran guerrilleros, y manchar el nombre de esa familia, destruirla, dejar unos hijos sin padre, dejar unos padres sin hijos", dijo el exmilitar mirando fijamente a las víctimas.

El exmilitar dijo que tal vez las víctimas no lo perdonarán pero que esto debe sentar un precedente. “Que el Ejército llegue a cuidar al campesino, pero llegaba las guerrilla los golpeaban, los paramilitares y lo mismo, y llegaba el Ejército y ellos confiaban en nosotros y les mentimos, y les asesinamos a sus familias, defraudamos un pueblo, una institución y una familia”.

En su declaración el militar detalló además los asesinatos de varios campesinos de la región del Catatumbo con nombre y apellido, y reiteró que no eran guerrilleros, sino civiles inocentes.

“El mismo modus operandi que yo use en el Carmen, lo estaban usando las otras patrullas, se lo llevaron con mentiras, que no que queda retenido, que quien es usted, lo asesinaron con un arma en sus manos, le colocaron un arma en sus manos y al otro día en noticias un bandido fue dado de bajo”, explicó el militar.

Una de las víctimas que intervino en esta diligencia de reconocimiento fue Eduvina Becerra, quien con un tono fuerte preguntó por qué no se identificó el Ejército Nacional en ese entonces para que no hubieran más crímenes, porque se tuvo que hacer un escándalo público. “¿Qué hubiera pasado si ese escándalo no se hubiera hecho? ¿Hubiéramos tenido que esperar otras 6.402 víctimas más?, no eso debía de haber sido así”.

En su intervención le pidió a los comparecientes limpiar el nombre de sus familiares, que lleven ese honor que eran campesinos, trabajadores, no como los tildaron de guerrilleros, de subversivos, de matones, queremos que hoy digan que no eran ningunos combatientes.

Por último dijo que aún falta mucho para que se sepa la verdad de los ‘Falsos Positivos’ “No más crímenes, no más sangre, no más dolor, no más llantos, no más dolor, no más tristeza, no más robo de cariño a nuestros hijos, madres y padres, queremos que esta audiencia sea para no más repetición, queremos la paz”.

Bajo esta misma línea, Sandra Barbosa, otra de las víctimas, exigió que saquen a sus familiares del concepto de que eran guerrilleros “¿Por qué no mataron la gente que estaba en combate en los cerros no campesinos de manos humildes, hoy necesitamos que nos limpien el nombre de nuestros familiares, uno por uno”

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En la zona del Catatumbo (Norte de Santander) el patrón criminal de las ejecuciones extrajudiciales tuvo dos modalidades que se distinguen por el perfil de las víctimas. En ellas participaron miembros de la Brigada Móvil 15 y el Batallón de Infantería No. 15 ‘General Francisco de Paula Santander’.

La JEP estableció que lo ocurrido en Catatumbo no se trató de hechos aislados o de una repetición accidental. Los crímenes tenían las mismas características y una misma finalidad, responder a la presión por bajas a como diera lugar y así satisfacer el indicador oficial del éxito militar.

La sala estableció que los 120 asesinatos y las desapariciones forzadas que fueron identificadas en el Catatumbo respondieron a un mismo patrón macro criminal, que tuvo dos modalidades.

Mucho antes de que las madres de Soacha emprendieran su búsqueda en 2008, en Catatumbo fueron asesinados hombres entre 25 y 35 años habitantes de áreas rurales en su mayoría, comerciantes, transportadores informales y agricultores.

Estas víctimas erán señaladas de pertenecer a grupos ilegales y fueron seleccionadas a partir de procesos irregulares de inteligencia.

Esta modalidad se extendió hasta el 5 de noviembre de 2007 cuando la Defensoría del Pueblo denunció que civiles de la zona erán asesinados y pasados como bajas en combate.

Esta modalidad consistió, según la JEP, en que miembros del Ejército se confabularon con terceros civiles para que ubicaran, engañaran y reclutaran a jóvenes de otros municipios y ciudades del país, todo con el fin de llevarlos hasta el Catatumbo para que militares pudieran asesinarlos y engrosar las cifras de bajas en combate.