Las cifras más recientes del Ministerio de Salud Nacional, ubican al Amazonas como el sexto departamento con mayor número de pacientes positivos de Covid-19 en Colombia. Ya son 718 casos en menos de cuatro semanas, situación que puede llevar al colapso del sistema de salud.

Leticia, capital del Amazonas, es la ciudad más afectada, sin embargo, el municipio de Puerto Nariño y los nueve corregimientos del departamento están también en alto riesgo.

Para el doctor Carlos Vargas, Coordinador Médico de la Fundación Clínica Leticia, el incremento de casos con coronavirus en el Amazonas tiene múltiples factores, uno de ellos el ser vecinos directos de Brasil y Perú, los dos países con más desarrollo de la pandemia en América Latina.

Además, “esto es consecuencia de una frontera porosa y mal vigilada, una pobre preparación y respuesta de las autoridades, y de un desinterés de la población por tomar las medidas de seguridad cuando era el momento. Una vez la pandemia llegó a Leticia podríamos decir que mejoró en algunos aspectos. La población empezó a utilizar los tapabocas movidos por el miedo. Las autoridades locales, regionales y nacionales hicieron gestos, pero hasta el momento no se han visto los resultados reales”, indicó Vargas.

Entre tanto, con un mes de anticipación a la llegada del primer caso, la Fundación Clínica Leticia realizó una importante inversión en equipos médicos, ampliando su capacidad de camillas a 40 y 3 ventiladores. Pero esta no es la solución definitiva, ya que según el doctor Vargas, ante la crisis sanitaria que afronta Leticia, el personal médico es cada vez más escaso.

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“El esfuerzo se ha triplicado, hemos tenido compañeros que han resultado contagiados, obligándolos a que se aíslen y reduciendo así nuestra capacidad de respuesta”, explicó Vargas.

A este panorama, se sumó el pasado 1 de mayo la orden de la Superintendencia Nacional de Salud para que de forma inmediata fuese intervenido el único hospital público de Leticia, el cual atiende a gran parte de la población indígena que vive a orillas del Río Amazonas.

Esta situación generada por falencias administrativas en el Hospital San Rafael, llevó a que se removiera del cargo al gerente, y se designara como Agente Especial Interventor, al doctor Albert Ferney Giraldo.

Sobre este tema, Daniel Oliveira, contralor departamental del Amazonas, aseguró en dialogó con El País, que “la intervención del Hospital San Rafael es algo positivo a largo plazo, considerando que la administración no tenía la capacidad de generar las estrategias para procurar el bienestar de la comunidad. Ahora hay que adecuar las instalaciones del hospital para atender a la mayor cantidad de pacientes que lleguen afectados por la pandemia”.

Asimismo, Harold Rengifo, veedor ciudadano de Leticia, indicó que la visita del Ministro de Salud, Fernando Ruiz, el 2 de mayo anterior, fue una visita protocolaria que dejó un sin sabor en la población, porque el retraso para la adecuación y atención de los pacientes en el hospital es bastante significativo, mientras que, según él, la materialización de las ayudas es algo que va a tardar.

Para Rengifo, “todos los planes de contingencia que se han aplicado en esta región han fracasado, porque el personal médico ni la población cuentan con los elementos necesarios para protegerse. Además, el 85 % de las personas trabajan en empleos informales y no disponen de las condiciones sanitarias para aislarse”.

Entre tanto, Paola Ayala, nieta de un paciente de 93 años, positivo para Covid-19, afirmó que no hay equipos en el hospital para dar los primeros auxilios.

“Como familia tuvimos que mandar a comprar a Bogotá un manómetro que se necesitaba; además, no entendemos por qué habilitan una línea y cuando uno llama nadie responde”.

“Ahora, varios familiares estamos a la espera de los resultados de las pruebas que nos hicieron, ya que tuvimos contacto directo con mi abuelo, ojalá y no tarden demasiado”, agregó Ayala. 

Población en peligro por el Covid-19

Las cárceles han sido los principales focos de propagación, y aunque en Leticia solo se habían reportado dos funcionarios contagiados, ayer El País conoció que 85 reclusos dieron positivo para Covid-19.

De acuerdo con el dragoneante Luis Díaz, presidente del sindicato Sinalpec, Inpec, “desde la Dirección General mandaron instrucciones de máximo cuidado para aplicarlas a los 184 internos y 33 funcionarios de este Centro, pero no enviaron los elementos necesarios para cumplir esas medidas, por eso, para realizar los controles propicios hemos tenido que aportar dinero de nuestros bolsillos”, denunció.

Por otra parte, la muerte del diputado y líder Uitoto, Camilo Suárez, mientras esperaba en su casa la llegada de una ambulancia, dejó en evidencia lo que él mismo expresó a El País, un día antes de su deceso. “Va a morir mucha gente sin recibir ni siquiera los primeros auxilios”.

En la conversación que se dio a través de mensajes escritos en WhatsApp, debido a que estaba afónico, el político criticó el manejo gubernamental que se ha dado a la pandemia en esta región. “Aquí, en el departamento solo hay discursos, de ahí a realidades, nada”, expresó Suárez.

Al respecto, Humberto Monje, representante de la Asociación de Autoridades Indígenas Ticuna, Cocama y Yagua, del municipio de Puerto Nariño, Amazonas, dijo que es evidente el riesgo que corren las comunidades indígenas de los lugares más apartados, ya que ellos carecen de la indumentaria necesaria para evitar la propagación del virus entre sus habitantes.

Según la Secretaría de Salud del Amazonas, hasta ayer, 146 indígenas se habían contagiado de Covid-19. Por este motivo, durante el fin de semana anterior, se realizó el tamizaje a 150 habitantes del casco urbano de Puerto Nariño, considerando que en este sitio ya han resultado tres personas contagiadas, una de ellas ya falleció.

Por eso, mientras que llegan los resultados de dichas muestras, los indígenas han promovido un control social estricto, el cual limita la salida y entrada de personas al municipio.

Finalmente, Jesús Lozada, Asesor Jurídico de la Alcaldía de Puerto Nariño, recordó que el Amazonas tiene condiciones especiales de transporte que afectan la atención oportuna de los enfermos, “algo que puede significar una masacre a los pueblos indígenas si no se atiende a tiempo”, concluyó.