En su reciente decisión, el tribunal confirmó la competencia del Consejo Nacional Electoral, CNE, para indagar y, en caso necesario, aplicar sanciones administrativas si se descubre que la campaña pasó los límites financieros que están establecidos en las campañas presidenciales.
Esta determinación, que es trasladada a la Comisión de Acusación, nació como respuesta a la demanda presentada por el abogado Héctor Carvajal, en representación del presidente Petro, quien solicito la nulidad de la investigación en curso.
Carvajal se sostuvo en el argumentando de que el CNE carecía de competencia para llevar a cabo dicha indagación. Sin embargo, el Consejo de Estado rechazó esta alegación, y reafirmó la autoridad del CNE para investigar no solo la campaña de Petro, sino todas las campañas presidenciales.
Cabe destacar que la decisión del Consejo de Estado implica que existe la posibilidad y capacidad que se tiene para imponer multas, también de poner medidas más rigurosas, como la pérdida de la personería jurídica del partido que respaldó al candidatao investigado, en este caso, en referencia del Pacto Histórico.
“Ahora bien, en todos los casos, le corresponde al Consejo Nacional Electoral adelantar la investigación administrativa sobre la financiación de campañas, y con base en el acto correspondiente, decretar las sanciones exclusivamente administrativas a que haya lugar, sin que le sea posible de ninguna manera decretar la pérdida de investidura o del cargo”, manifestó el Consejo.
En este orden de ideas, este apartado tiene un impacto sobre el argumento en el que se basó la defensa de Petro, pues este asegura que el CNE es una autoridad administrativa, que no tiene el poder y la capacidad para así investigar al mandatario nacional.
Con esto, se descarta la validez de este razonamiento y ratifica que el Consejo Nacional Electoral tiene todo para poner la lupa y realizar las investigaciones necesarias en la financiación y los gastos que se realizaron durante la campaña de Gustavo Petro, el actual presidente del país.
Esto es con el fin de asegurar la supervisión y control sobre el financiamiento de las campañas presidenciales, así se mantiene “la transparencia en el uso de los recursos de campaña es esencial para garantizar la equidad y legitimidad del proceso democrático”, sostuvo también el Consejo de Estado en su dictamen.