Corría el año 2021, una semana después de que el estallido social contra una reforma tributaria del gobierno del expresidente Iván Duque iniciara.
Era 5 de mayo y el joven Alejandro Uribe Fajardo, de Medellín, decidió salir con un amigo suyo, llamado Juan Pablo Betancur, a una actividad cultural que se iba a realizar ese día en el Parque de los Deseos, ubicado en Aranjuez, Comuna 4 de la capital antioqueña, entre el Jardín Botánico y la sede de la Universidad de Antioquia.
El país ya había iniciado su escalada de tensiones internas con enfrentamientos entre la Fuerza Pública y muchos manifestantes. Hasta ese punto de la ciudad llegó el entonces Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la Policía Nacional.
Según cuenta el reporte oficial, los uniformados empezaron a lanzar gases lacrimógenos de manera indiscriminada, lo que motivó a Alejandro Uribe y a otros jóvenes a huir del lugar y resguardarse. Él llegó hasta el sector de la Ruta N y se percató de que su amigo ya no estaba a su lado.
En medio de la embestida policial, un miembro del Esmad impactó con su arma en el rostro del joven, quien luego fue trasladado hasta la Clínica León XIII, donde le advirtieron que pese a su recuperación, no había manera de salvarle el ojo.
Por los hechos, Alejandro Uribe denunció a la Nación por la agresión que sufrió ese 5 de mayo de 2021, durante la época del estallido social en Colombia que dejó un importante número de lesionados en todas las ciudades del país.
La indemnización
El Juzgado 22 Administrativo Oral de Medellín falló a favor del joven Alejandro, declarando responsable a la Nación, el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional tanto administrativa como extracontractualmente.
Como consecuencia, estas entidades del Gobierno tienen la obligación de pagar “por concepto de perjuicios morales para los señores Alejandro Uribe Fajardo, en su condición de víctima directa, Juan Camilo Uribe Rodríguez y Mary Luz Fajardo Muñoz, en su condición de padres de Alejandro, el valor equivalente a 60 salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno de ellos”, es decir, unos $ 78 millones para cada uno.
Por su parte, la abuela de la víctima recibirá 30 salarios mensuales ($ 39 millones) y los tíos recibirán 21 salarios mensuales para cada uno, es decir, unos $ 27,3 millones.
Al joven Alejandro Uribe tendrán que pagarles montos adicionales, consistentes en otros 60 salarios mensuales por concepto de daño a la salud ($ 78 millones), también $ 1.340.000 por perjuicios materiales a título de daño emergente y, además, otros $ 130 millones por perjuicios materiales a título de Lucro Cesante.
Es decir que, en últimas, Alejandro Uribe tendrá que recibir de la Nación una suma total que ronda los $ 288 millones de pesos por la lesión ocular que le fue causada con ocasión del estallido social.