En un tuit reciente, el presidente Gustavo Petro ha planteado acusaciones de corrupción que involucran al grupo Aval y a funcionarios del gobierno anterior. Según su versión, se ha realizado un pago de soborno de 3.4 millones de dólares por parte del grupo Aval a un alto funcionario del gobierno de Juan Manuel Santos.
Este soborno estaría relacionado con un contrato de estabilidad jurídica que resultó en una significativa reducción del pago de impuesto de renta, pasando del 35% a un poco más del 1%.
Petro alega que el abogado encargado de esta transacción por parte del grupo Aval fue nada menos que el exfiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, quien habría recibido una comisión de éxito por sus servicios en esta operación. Estas afirmaciones, de ser confirmadas, podrían arrojar luz sobre prácticas que han estado en entredicho durante mucho tiempo y podrían tener implicaciones legales significativas.
El presidente también insta a un análisis más profundo de los funcionarios que intervinieron en los acuerdos de estabilidad jurídica durante los gobiernos anteriores. Según él, durante su participación en el debate en el Senado, proporcionó nombres específicos de quienes estuvieron involucrados en estos acuerdos.
En la mañana de este domingo, el presidente Gustavo Petro cuestionará la manera en la que se orquestaron los hechos de corrupción en el Caso Odebrecht.
“El hecho de que el principal grupo económico del país haya confesado ante la justicia extranjera estar incurso en la red de corrupción y sobornos a políticos y funcionarios del Estado colombiano, es causa suficiente para presentar una reforma a la justicia, que debe tener como prioridad su fortalecimiento e independencia, la cercanía a la ciudadanía y la lucha contra la corrupción”, indicó el Mandatario a través de su cuenta de Twitter.
Otra razón que motivaría la reforma, de acuerdo con el Presidente, sería una sentencia de la Corte Constitucional en la que se le ordena al Gobierno reformar la Procuraduría General de la Nación, para que esta se articule mejor a la Convención Americana sobre los Derechos Humanos.
La investigación
La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) anunció este jueves que ha concluido sus investigaciones sobre el Grupo Aval y su filial Corporación Financiera Colombiana S.A. (Corficolombiana) en relación con supuestos sobornos vinculados a la licitación de la Ruta del Sol II, efectuados por Odebrecht.
Las autoridades judiciales estadounidenses no presentaron cargos contra los accionistas, ejecutivos ni empleados de estas empresas. No obstante, el Grupo Aval y Corficolombiana han sido multados con 40 millones de dólares “por incumplimiento de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA)”.
Asimismo, el comunicado especifica que “Corficolombiana ha acordado también un acuerdo de enjuiciamiento diferido con el Departamento de Justicia de EE. UU. y pagará más de $20 millones para resolver los cargos penales”.
Las autoridades estadounidenses han determinado que ningún miembro de la familia Sarmiento, incluyendo a Luis Carlos Sarmiento Angulo y su hijo Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, ni los ejecutivos, estaban al tanto del acuerdo realizado en su momento entre Odebrecht y el entonces presidente de Corficolombiana, José Elías Melo Acosta.
Según la SEC, “un total de al menos US$28 millones en pagos ilícitos fueron realizados con el conocimiento, aprobación y colaboración del expresidente de Corficolombiana. En consonancia con la orden emitida por la SEC, Corficolombiana fue responsable de las infracciones cometidas por Grupo Aval y proporcionó a este último un beneficio financiero indebido por un total de alrededor de US$32 millones”.
Estas decisiones y resoluciones subrayan la complejidad y el alcance internacional de este caso de corrupción, y resaltan la importancia de la colaboración entre jurisdicciones para abordar estas irregularidades de manera efectiva.