El próximo 4 de diciembre se cumplirá un año desde que Luis Fernando Andrade fue cobijado por una medida de aseguramiento domiciliaria, y los días para él transcurren en su apartamento, al norte de Bogotá, preparando su defensa.

Al exdirector de la Agencia Nacional de Infraestructura le fueron imputados cargos por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, ocultamiento, alteración o destrucción de elementos materiales probatorios y falso testimonio, relacionados con el escándalo de Odebrecht.

“Son los temas más absurdos que yo he visto en mi vida y que claramente demuestran la persecución en mi contra”, dice Andrade y repite con insistencia que es la persona “con más cargos” en este gigantesco entramado de corrupción, del que asegura “solo se conoce una parte y eso es en lo que yo he insistido: el país merece saber la verdad en este caso, porque la verdad la están ocultando”.

Andrade habla de la soledad en la que vive, de las arbitrariedades que, a su juicio, se han cometido en su caso, de Jorge Enrique Pizano y del papel que ha jugado el fiscal Néstor Humberto Martínez.

¿Cómo va su proceso?

El juicio, yo creo, que arrancará en enero. La última audiencia preparatoria es la semana entrante y allí el juez decide qué pruebas y qué testigos van al juicio, y ya con esa decisión debería iniciar.

¿En qué se basa la estrategia de su defensa?

La estrategia es muy sencilla. Simplemente mostrar que todos los procedimientos que se siguieron están documentados, todas las aprobaciones que se dieron en las diferentes instancias y los testigos, las personas que participaron en las decisiones. Es que es tan obvio que no se necesita nada más para probar mi inocencia.

¿Quiénes serán sus testigos?

Son como 80 personas. ¿Por qué tanta gente? Es que cada cargo que me achacan es una cosa totalmente diferente a la otra. Y como estos procesos de decisiones requieren aprobaciones de la interventoría, aprobaciones internas dentro de la ANI, a nivel colegiado y luego aprobaciones fuera de la ANI, con los Ministerios y el Conpes, pues mucha gente interviene. Entonces yo quiero que todas aquellas personas que intervinieron y dieron el visto bueno en esas decisiones pues den fe de ello.

Usted me habla del Conpes, ¿recuerda quién firmó ese documento?

Comenzando por el presidente Juan Manuel Santos, que presidía la sesión. El actual fiscal, en ese momento ministro de Presidencia, Néstor Humberto Martínez, el vicepresidente Germán Vargas Lleras y pues todos los ministros de ese momento.

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¿Es decir que Néstor Humberto Martínez, tenía conocimiento de todo lo que se iba a hacer en Ruta del Sol II?

Él era abogado de ellos. En su práctica privada, antes de ser Ministro de Presidencia, fue abogado de Ruta del Sol. Por ejemplo, él les ayudó a tramitar el acuerdo de estabilidad jurídica, él dio el concepto favorable para hacer la adición de Ocaña-Gamarra y estaba muy involucrado en todos los temas de Ruta de Sol, como lo hemos podido comprobar, inclusive, con las grabaciones del doctor Pizano.

Entonces, sí, él conocía muy bien todo lo que pasaba, él estuvo en el Conpes, él lo aprobó y como está en el acta del Conpes se aprobó por unanimidad, sin ninguna observación.

¿Qué lectura le da a eso?

Es muy contradictorio que la persona que es hoy el Fiscal y que me está acusando y me tiene aquí detenido por eso, aprobó esa decisión en el Conpes y, anteriormente, como abogado de Ruta del Sol dio un concepto favorable. Eso le mete miedo a uno, como individuo. Porque uno dice, bueno, si la persona que manda en la entidad que lo está investigando a uno miente sobre los hechos que lo involucran a uno, ¿qué tipo de imparcialidad puede uno esperar?

¿Y cuál es su mayor sospecha?

Que a mí me imputaron cargos por la oposición que hice a las pretensiones económicas de Ruta del Sol, que al final del día significan dineros para Odebrecht y para el Grupo Aval. Digo esto porque tuvimos una disputa muy fuerte en el primer semestre de 2017 sobre cómo se debía liquidar ese contrato a raíz de los actos de soborno revelados en la adjudicación, por eso pedí ante el tribunal de arbitramento que declarara nulo el contrato, eso lo hicimos apenas se supo lo que había pasado.

¿Cuándo elevó esa petición ante el tribunal de arbitramento?

En junio del año pasado fui al tribunal de arbitramento y le expliqué al tribunal por qué no se podía liquidar el contrato como ellos querían. Expliqué la fórmula que proponíamos desde el Gobierno y por qué no iba a haber una conciliación. Eso generó cólera por parte de Odebrecht y por parte del grupo Aval. Unas semanas después fue que me imputaron cargos y cuando me imputan cargos no tienen pruebas, salen a buscarlas (…).

Uno defiende los intereses de la Nación, acaba imputado por delitos de los que no tienen pruebas en ese momento, salen a buscarlas y luego se aprovechan de que uno no está para ir a cambiar una ley que favorezca esa misma liquidación. Entonces la verdad yo sí siento que la Fiscalía está siendo utilizada para promover intereses particulares.

¿Quién cree que está detrás de todo esto?

Los afectados en este caso eran, obviamente, Odebrecht, el Grupo Aval y la persona que ha sido el abogado de Odebrecht y del Grupo Aval, el fiscal Néstor Humberto Martínez.

Guardando las proporciones, lo que usted dice va en línea similar a lo que denunció el auditor de Corficolombiana, Jorge Pizano...

La situación de él era un poco diferente. Lo que él decía es que como había denunciado todos estos contratos irregulares en Ruta del Sol ante sus superiores, pues lo querían mantener callado y la forma de hacerlo era utilizando la Fiscalía como, digamos, una forma de intimidarlo y atacarlo. Eso era lo que él decía.

¿Habló con él en algún momento?

Nunca lo conocí. Me hubiera encantado conocerlo, hablar con él. Sí cruzamos mensajes por chat, (pero) nunca llegamos a hablar telefónicamente. Él sabía que yo estaba siendo monitoreado, entonces no quería venir aquí, le preocupaba. Fue un hombre muy valiente, que se atrevió a dar testimonio bajo juramento contra Odebrecht, contra el hoy fiscal Martínez y contra el Grupo Aval. Muy valiente el señor Pizano, también muy generoso. Y él estaba muy preocupado por mi caso, le parecía que yo estaba sufriendo una injusticia parecida a la que él estaba sufriendo y por eso él fue el que me contactó.

¿Por qué dice que monitoreado?

En mayo de este año comencé a darme cuenta de que cosas que hablaba acá con mi esposa, se sabían en la calle. Contratamos a una firma para que buscaran si había micrófonos en el apartamento, vinieron unos técnicos, pero en ese momento no hallaron nada. Pero sí detectaron señales de unas antenas que pueden monitorear la voz a distancia y las identificaron en un edificio que queda del otro lado de la calle. También me dijeron que ese tipo de antenas las tienen entidades del Estado, que en Colombia ningún particular tiene acceso a esa tecnología.

También ha sucedido que estamos cerca de la ventana o en la terraza y se encuentra uno un dron tomando videos del apartamento, eso es intimidante. Y a mucha gente que ha querido venir a visitarme la han llamado posteriormente a decirles que saben que me están visitando y que les recomiendan que no me vengan.

Es una situación preocupante...

Me angustian mucho estas acciones de intimidación. Me preocupa mucho cómo se utiliza arbitrariamente el sistema de la Fiscalía, las irregularidades que se han dado en el caso, en fin y, obviamente, la tragedia que vivió la familia Pizano.

Voy a hacer todo lo posible para que no me pase algo similar, todo lo que esté en mi poder y sí estoy teniendo colaboración del gobierno americano y estamos siendo muy precavidos.

¿Qué es lo más oscuro que ha visto en todo este episodio?

A mí me parece que la justicia es un bien sagrado en una sociedad. Si hay algo que le da tranquilidad a un ciudadano es que la justicia funcione, que sea limpia, transparente, que no trabaje para intereses particulares. Y lo que hemos venido viendo en estos últimos tiempos es un deterioro muy grande de eso.

Fíjese en lo que vemos en las grabaciones del Fiscal con el doctor Pizano, el conocimiento que tenía él de lo que estaba pasando hace ya mucho tiempo, veamos lo que fue la captura del fiscal anticorrupción: esos son los dos hombres que debían luchar contra la corrupción en Colombia. El señor Néstor Humberto Martínez y su mano derecha, Gustavo Moreno, quien extorsionaba a un político también criminal es Estados Unidos para utilizar la Fiscalía en su favor. Entonces lo que hemos oído en los últimos 12 meses es aterrador y yo creo que un país no puede tolerar eso, no puede tolerar la corrupción en la justicia, la corrupción en los que luchan contra la corrupción.

Acusado

Luis Fernando Andrade será acusado por la adición en el contrato de la Ruta del Sol II, a cargo de Yuma Concesionaria S.A., liderada por la empresa Salini Impregilo Spa sucursal de Colombia, así como por supuestamente favorecer la adjudicación del “otrosí número 5 del contrato”, que contenía “los estudios y diseños para la construcción de Puente Plato, en el departamento de Magdalena (norte)”.