Los resultados preliminares de un estudio en el que viene trabajando la Defensoría del Pueblo revelaron que, en Colombia, el 37 % de los profesionales de la comunicación encuestados reportó haber experimentado algún tipo de acción que los puso en serios riesgos mientras ejercían su labor.
“Los grupos armados ilegales son los mayores vulneradores de derechos de los periodistas, como también lo son las organizaciones criminales y las estructuras de delincuencia común”, aseguró el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, durante la conmemoración del Día del Periodista en Colombia.
Estas organizaciones dedicadas al crimen representaron el 67 % de los casos en los cuales se han registrado amenazas a la integridad física y moral de los periodistas.
“El ambiente de miedo y fragilidad es un serio obstáculo para la libertad de prensa y el derecho a mantener informada a la sociedad. Dejen por fuera de su accionar violento a los periodistas”, sentenció Camargo Assis.
Otro punto grave del tema es que, además de los grupos criminales, de quienes se esperarían hostigamientos, hay un 33 % de casos en los que los comunicadores y periodistas se han visto en riesgo y que no han provenido de este tipo de organizaciones al margen de la Ley, lo que evidencia persecución a los profesionales desde otros sectores de la sociedad.
Entre esos sectores, según indicó la Defensoría de forma preliminar, estarían varios líderes políticos y servidores públicos, involucrados en las intimidaciones reportadas por los periodistas.
El informe de la entidad será entregado en las próximas semanas a la opinión pública, pero lo obtenido de momento refleja un panorama complejo y riesgoso para estos profesionales.
El Defensor afirmó que el estudio-encuesta deja en evidencia cómo los periodistas pasan a formar parte de un grupo en permanente situación de vulnerabilidad, debido al contexto de un entorno marcado por la violencia sociopolítica, el crimen organizado y el conflicto armado.
Frente a esto, se hizo un llamado desde la entidad para que el Estado brinde todas las garantías de seguridad y protección, para un ejercicio libre y responsable del periodismo en el país.
“El Estado colombiano debe brindarles todas las garantías para que puedan realizar su labor periodística, que se constituye como un pilar esencial del Estado social y democrático. En los últimos meses hemos venido observando con preocupación algunas vulneraciones a sus derechos”, complementó el Defensor del Pueblo.
El informe que entregará la Defensoría del Pueblo también deja en evidencia otros hechos que atentan contra la integridad psicológica y moral de los profesionales, así como a su buen nombre, como lo son las vulneraciones a sus derechos económicos, contractuales, laborales y de seguridad y protección social.