La coordinadora del Observatorio Mujeres, Tierra y Territorio de la Corporación de Mujeres Ecofeministas, Comunitar, Yandely Calambás Cubillos confirmó que el pasado mes de septiembre fue extremadamente violento para las habitantes del departamento del Cauca.
“En ese mes se presentaron diez feminicidios, como bien lo registraron tanto los medios de comunicación como diferentes organizaciones sociales de esta zona del país, muestra de la intensidad de muchos fenómenos como el conflicto social y político que vive el departamento como el marcado olvido del territorio, abandono estatal y la violencia del patriarcado dentro de las comunidades”, agregó Yandely Calambás, representante de esta organización feminista.
Y es que en ese periodo de tiempo, por ejemplo, se registró la masacre de doce personas que se encontraban compartiendo en la vereda La Sagrada Familia, en el municipio de López de Micay y sobre el río Naya. Cinco de las víctimas eran mujeres. Como bien indicaron en su momento las autoridades, las primeras versiones de las autoridades, los hechos fueron perpetrados por un actor armado que aún están por confirmarse. En la región hacen presencia estructuras de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, ELN, de grupos disidentes de las Farc y de bandas criminales locales al servicio de narcotráfico.
“El Cauca es uno de los departamentos más violentos para las mujeres, en este año van registrados 671 feminicidios en el país, cifra que ya superó la presentada en el 2023 donde se confirmaron 525, muestra de que en varias partes de Colombia confluyen muchos fenómenos crean un escenario de riesgo para nosotras, no lo dicen las organizaciones que defienden sus derechos, sino las cifras que varias entidades comparten luego de recoger la información desde los territorios, como nuestro departamento, donde ya son 55 casos”, agregó Yandely Calambás.
También, y de acuerdo con esta organización social, este año han sido asesinadas tres lideresas sociales, indígenas o defensoras de derechos humanos en el Cauca, fenómeno que obliga a muchas representantes campesinas, comuneras o afrodescendientes a permanecer en el anonimato para evitar ataques a sus vidas, inclusos muchas optan por no salir de sus veredas o corregimientos.
Se trata de los casos de la mayor Carmelina Yule Paví, Diomara Cifuentes y Sandra Lorena Anacona, representantes indígenas y campesinas asesinadas en este 2024 cuando ejercían actividades de protección a sus comunidades. Los asesinatos de estas dirigentes se registraron en los municipios de Toribío, Suárez y Santander de Quilichao.
De hecho, los casos de estas lideresas son el rostro de este fenómeno, el cual va en aumento, a pesar de los esfuerzos de las autoridades regionales de detenerlo, a través de una serie de actividades, campañas o acciones, como son campañas preventivas, conversatorios en instituciones educativas y trabajos con las juntas de acción comunal.