Con el último reajuste en el precio de la gasolina que se realizará en enero, el Gobierno habrá cerrado definitivamente la brecha de los subsidios a ese combustible y dará inicio a la revisión del precio del ACPM o diésel.
De acuerdo con el ministro de Hacienda y Crédito Público, Ricardo Bonilla González, el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), es la principal causa del déficit fiscal del país.
El funcionario ha dicho en varias ocasiones que el 2023 cerrará con un déficit del FEPC de $ 21,4 billones, pero cuando se haga el ajuste al diésel y se cierre completamente la brecha de los subsidios, el déficit total será de $ 103 billones, que debió hacer el Gobierno anterior.
Bonilla aseguró que “nos falta hacer el ajuste en diésel, ya el de gasolina está terminado, pero cuando terminemos de cerrar esa brecha, costará más de $ 103 billones. En 2021 ese déficit costó $ 11 billones; en 2022 costó $ 37 billones y en 2023 costará $ 21,4 billones”.
Cabe destacar que si no se hace el ajuste en diésel, solo en el 2024 el déficit del FEPC aumentará en $ 10,5 billones.
La importancia de cerrar la brecha que deja el FEPC es su incidencia en la inflación, que no le ha permitido disminuir a un ritmo más rápido, pues los combustibles son el factor que tiene más peso en esa balanza.
De ahí que, mientras la inflación de octubre cerró en 10,48 % y la de noviembre en 10,15 %, la tasa de intervención del Banco de la República rebajó apenas en 0,25 puntos básicos y la dejó en 13 %.
La reducción del subsidio generalizado contribuye a organizar mejor el gasto social, que es prioridad en el Plan de Desarrollo 2022-2026 ‘Colombia, potencia mundial de la vida’. Adicionalmente, el Gobierno del Cambio considera que los subsidios a los combustibles desincentivan la transición energética y la diversificación de la economía.
“Esperamos cerrar la inflación de 2023 en un dígito”, consideró el jefe de las finanzas públicas del país.