En este año ya van 54 denuncias por abuso y acoso sexual a menores en colegios de Medellín

Cuando un padre envía a su hijo a una institución educativa lo hace no solo con la idea de que se forme como persona, sino convencido de que estará en un entorno seguro. Sin embargo, los recientes casos de abusos en instituciones de Medellín y Bello evidencian lo contrario. Los testimonios sobre agresión sexual que se han ido destapando son aberrantes.

Según el relato del familiar de un estudiante que habría sido víctima de un abuso sexual dentro de la Institución Educativa San Pablo, en la comuna 1 (Popular), de Medellín, un vigilante agredió sexualmente a este y a otros menores de edad, ganándose la confianza de los niños para luego violentar su integridad.

“Ellos decían que el vigilante los llevaba a los baños. Les decía que era una persona grande, pero que estaba disfrazado y solo quería jugar con ellos. Y ahí fue cuando empezó a tocarlos y les introducía los dedos en las partes íntimas”, relató uno de los parientes de los menores violentados en este caso, del cual hay dos denuncias oficiales ante la Fiscalía, aunque se mencionan que serían muchas más víctimas.

Este caso agudiza la crisis en las instituciones educativas de Medellín que se empezó a destapar en junio del año pasado, cuando familiares de un jardín de Buen Comienzo, en el barrio Santa Cruz, denunciaron que Ismael Darío Lopera Tangarife, alias “Manolo”, habría abusado de unos 20 menores, proceso judicial que aún sigue vigente y sin una definición.

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De acuerdo con el informe Ocultos a plena luz, de Unicef, uno de cada tres estudiantes en el mundo fueron víctimas de casos de acoso en su entorno educativo, versión que es sustentada por Juan Carlos Álvarez, director ejecutivo de la Corporación de Amor al Niño (Cariño), quien dice que las cifras sobre este delito tiene un elevado subregistro por el miedo a denunciar.

“Las cifras siempre han sido preocupantes. Se proyecta de que 1 de cada 4 niñas y 1 de cada 6 niños son afectados por la violencia sexual. Pero son más preocupantes las cifras de denuncia, porque allí hay un subregistro y de esto estamos seguros”, manifestó Álvarez.

Los sitios donde más se presentan vulneraciones, según Álvarez y Unicef, son los colegios y la vivienda. En estos espacios, de acuerdo con las cifras de Medicina Legal, entre enero y junio de este año se han reportado 5.532 casos en Colombia de violencia sexual contra los menores. De ellos, 355 han sido en Medellín.

Para algunas entidades, las campañas de sensibilización para denunciar estos delitos contra los menores de edad ha calado poco a poco, permitiendo que salgan a la luz cada vez más casos. Sin embargo, algunas organizaciones tienen serios reparos frente a las acciones de la Alcaldía de Medellín en materia de prevención.

Catalina Vertel, gerente de la IPS Creciendo con Cariño, que atiende a esta población en situación vulnerable, señaló que actualmente se desconocen las estrategias para evitar los casos de abuso y acoso sexual en las instituciones.

“La disminución de estas estrategias se podría evidenciar en la falta de casos de denuncia por parte de los comité de convivencia de las instituciones educativas, que son los que mayor tiempo pasan con los niños. Actualmente nos están llegando niños con actos abusivos que se pudieran haber prevenido”.

La Secretaría de Educación de Medellín indicó que cuenta con el programa Entorno Protector, en el cual realizan seguimiento a las denuncias de violencia sexual conocidas en las instituciones educativas de la ciudad, activando las rutas de atención.

Según la Alcaldía, a los menores que estudian en las 229 instituciones educativas de la ciudad se les brinda protección integral desde lo psicológico y lo emocional, en un trabajo conjunto con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación, la Personería de Medellín y la Policía de Infancia y Adolescencia. Adicionalmente, desde la Alcaldía de Medellín aseguran que buscan estrategias pedagógicas para que los menores de edad puedan identificar cuándo son víctimas de acoso y abuso sexual, y la forma de afrontarlos, haciendo uso de las nuevas tecnologías (ver recuadro).

La realidad, sin embargo, dice otra cosa. Desde 2021 en el Concejo de Medellín se han elevado serias alertas sobre el desmantelamiento del programa de de Entorno Protector. Según las denuncias hechas por varios concejales, entre ellos Alfredo Ramos, a los sicólogos a cargo de este programa en las instituciones les han hecho contratos por 15 o 20 días y además la Alcaldía ha despedido sistemáticamente a decenas de profesionales. Ayer el concejal Ramos denunció que sacaron 40 sicólogos por no pertenecer a cuotas políticas.

De acuerdo con las denuncias interpuestas, según la Secretaría de Educación de Medellín, se han presentado 54 casos de violencias sexuales que implican a los estudiantes de las instituciones públicas y privadas de la ciudad.

“Los casos de presuntas violencias sexuales que atiende el Programa Entorno Escolar Protector no necesariamente involucran a docentes y directivos docentes, y en su gran mayoría suceden por fuera de las instalaciones de las instituciones. Los sicólogos, de igual manera, brindan acompañamiento a todos los casos”, señalaron desde este despacho, liderado por Alexandra Agudelo Ruiz.

Desde las instituciones que se encargan de la protección a los niños y adolescentes, recalcaron que dentro de los entornos educativos se requiere intensificar el trabajo con las comunidades educativas y directivas, para garantizar que las rutas de atención y protección sean eficientes.

“El primer foco a intervenir por el Estado son las instituciones educativas y su comunidad. Los docentes deben hacer manejo de las alertas tempranas, sin pedir que ellos atiendan a las víctimas, pero sí que estén de primeros en el escala de las rutas de atención, porque son los que acompañan el mayor tiempo a los niños”, manifestó Vertel.

Además, es necesario que se les enseñe a los estudiantes continuamente cuáles son las rutas de atención ante cualquier caso de violencia, y convencerlos de que estas no son situaciones normales, tal como se los hacen creer los agresores, explica Juan Carlos Álvarez.

Por parte de los padres de familia es obligación estar alerta a los cambios repentinos de comportamiento de sus hijos, principalmente si tienen que ver con temores para ver a una persona o ir a un lugar; si deja de comer o tiene signos de maltrato, entre muchas señales silenciosas que pueden ocultar un abuso.

Al tener una sospecha, lo primero que recomiendan los expertos es activar las rutas de atención establecidas por el ICBF y las administraciones locales para las denuncias. Una de ellas es la línea 141 del Bienestar Familiar, pero también puede hacerlo a través de los docentes y directivos de las instituciones educativas, quienes tienen la obligación de activar los códigos para la atención y protección.

Por ahora, los familiares del menor abusado en la Institución Educativa San Pablo y las víctimas de “Manolo” esperan justicia, mientras que las cientos de familias que hoy envían a sus hijos al colegio bajo intranquilidad y zozobra esperan por parte de las alcaldías y las mismas instituciones educativas las garantías de que las aulas y los patios serán verdaderos entornos protectores y no el escenario de un abuso.