Un jalón de orejas hizo la Procuraduría a la Cancillería, a la que le advirtió que “no se deben incrementar los costos al ciudadano por la expedición del pasaporte en territorio” y que al delegar este trámite a las gobernaciones “le corresponde vigilar los cobros adicionales que hoy se cargan al bolsillo de los usuarios”.
El Ministerio Público hizo el llamado de atención a raíz de los trámites para obtener el documento y la situación que se presenta en cada departamento, ya que los valores aumentan frente a los costos del mismo trámite que se realiza en Bogotá.
Estos cobros desmesurados también se dan en Quindío en donde el pasaporte cuesta 352 mil pesos mientras que en el Valle del Cauca vale 347 mil y en César 336 mil pesos.
“La Cancillería debería asumir las actividades y costos que permitan una mejora importante en la prestación del servicio, siendo en todo momento la responsable del trámite, por lo que no deberían generarse costos adicionales que afecten el bolsillo de los colombianos”, concluyó Claudia Hernández, Procuradora Segunda Delegada para la Vigilancia de la Función Pública.
Por esta razón, la Procuraduría le solicitó al Ministerio de Relaciones Exteriores revisar el marco jurídico para evitar cobros que no estén ajustados a la norma.